Señor Secretario General,
Señora Alcaldesa de Ginebra,
Señora Dreyfuss, ex Consejera Federal,
Señor Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Señor Vicerrector,
Excelencias,
Señoras, Señores,
Queridos Amigos,
Tal como señalaron los anteriores oradores, en junio de 1985 un grupo de amigos que desde hace varios meses discutía sobre la manera en que se podría luchar más eficazmente contra la tortura, decidió formalizar dicha acción creando un embrión de secretariado al servicio de una red de ONG, que en un principio reunía menos de cincuenta miembros.
Esta iniciativa se inscribía en el ambiente contrastado de los años 80, una década que se había iniciado con el resurgimiento de tensiones entre las dos superpotencias que regían al mundo bipolarizado posterior a la Segunda guerra mundial y que finalizaría con la desaparición del imperio soviético.
Pero este breve resumen no debe ocultar ni la violencia de los conflictos ni la importancia de las transformaciones ocurridas en esos diez años durante los cuales la cuestión de los derechos humanos se convirtió en un asunto político a nivel nacional e internacional.
Desde su elección en 1977, el Presidente Jimmy Carter tomó distancia respecto de la política internacional de su predecesor. Si bien Nixon estimulaba, apoyaba, sostenía o incluso favorecía en el subcontinente latinoamericano el surgimiento de dictaduras que violaban masivamente los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra el comunismo, Carter, por el contrario, reafirmaba el predominio del derecho, tanto dentro de las naciones como en las relaciones internacionales. Respetuoso del derecho de los pueblos y a pesar de las diferencias ideológicas patentes, no dudó en reconocer, en 1979, la victoria del movimiento sandinista en Nicaragua y en consecuencia ofrecer su apoyo al nuevo régimen.
Esta política de apertura engendraría efectos contradictorios. La Unión Soviética, bajo la dirección de Brezhnev, se mostraba incapaz de aprovechar la oportunidad del nuevo orden internacional e invadía Afganistán en 1979 con el fin de mantener intacto su imperio. Habría que esperar la llegada de Yuri Andropov, en 1982, y de Mijaíl Gorbachov, en 1985, para ver el surgimiento gradual de una política soviética que abogara por la transparencia (Glasnost) y llamara a la reestructuración (Perestroika).
En esta misma época llegaron a su fin las dictaduras en Argentina (1983), Uruguay (1985) y Brasil (también en 1985).
Pero esos importantes cambios no podían hacernos perder de vista otras conmociones dramáticas. La revolución iraní de 1979 introdujo un nuevo paradigma; rechazando la polarización Este - Oeste, Irán se presentó ante la ONU en diciembre de 1984 como el centro de una nueva revolución, aquella del mundo islámico. A pesar de la reacción de los Estados de mayoría musulmana que no se reconocieron dentro de la instrumentalización del Islam por el régimen de Jomeini, Teherán proclamó una política de extensión de la revolución, cuestionando la concepción tradicional del derecho internacional y preconizando métodos de lucha que contradecían flagrantemente los derechos humanos y el derecho humanitario.
En los EE.UU. Ronald Reagan, después de una virulenta campaña en la que denunciaba la supuesta debilidad de la política de la administración Carter en relación con los enemigos del país y atacaba su ingenuidad en cuanto al proyecto de una sociedad internacional regulada por los principios del Estado de derecho, incluidos los tratados de derechos humanos, preconizó un sistema de guerra de "baja intensidad" para frenar las amenazas que pesaban sobre el modelo americano. Conflictos de gran crueldad sacudían a la América Latina, en donde los paramilitares - como los Contras en Nicaragua o los movimientos llamados de autodefensa en Colombia – substituyeron a los ejércitos regulares y tomaron como objetivo a las poblaciones civiles a las cuales silenciaron por medio del terror.
Asia y África también conocieron convulsiones sangrientas y evoluciones que condujeron, por ejemplo al África del Sur al comienzo de los años 90, a superar el régimen del apartheid, evitando el baño de sangre que todos temían.
En un contexto fuertemente contrastado, las Naciones Unidas aparecieron más que nunca como la mejor instancia para aportar a la comunidad internacional el marco normativo que podría regular tales excesos y así dar paso a la esperanza.
En el ámbito de la lucha contra la tortura, dos fechas marcaron esa evolución:
En diciembre de 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y en mayo de 1985, la Comisión de Derechos Humanos creó el cargo de Relator Especial sobre la tortura.
La Convención presentó un avance considerable:
El Relator Especial sobre la tortura, por su parte, adquirió jurisdicción sobre todos los países miembros de las Naciones Unidas. Su tarea consiste desde entonces en estudiar las denuncias sin importar su origen, efectuar visitas in situ y conducir las investigaciones que considere necesarias para luchar contra la tortura.
Esos nuevos instrumentos internacionales, el creciente reconocimiento de la autoridad de los derechos humanos, y la violencia de los conflictos – incluidos los sociales – llevaron a un número creciente de ONG a recurrir a las Naciones Unidas, aunque a menudo sin conocer ni entender sus mecanismos de funcionamiento ni los procedimientos pertinentes.
Por tanto era lógico que, en el momento de su fundación, las acciones de la OMCT se dirigieran en primer lugar a satisfacer esas necesidades. La lucha contra la tortura alcanzaría mayor eficacia solamente cuando las ONG en el terreno se apropiaran de esos nuevos instrumentos y utilizaran esos mecanismos. Por otra parte, también era conveniente poner al servicio de las ONG la nueva herramienta de Internet hasta entonces poco conocida, tanto por su gran capacidad de almacenamiento de información sensible como por su difusión casi instantánea. Reducir el plazo entre el conocimiento de una violación y su comunicación al organismo mejor capacitado para detenerla, compensar a las víctimas y evitar la repetición del hecho – en particular mediante la sanción del autor – fueron las primeras tareas que nos propusimos.
Muy pronto también, estuvimos convencidos de que la tortura no podría ser erradicada sino mediante la identificación y la eliminación de sus causas, las cuales no debíamos buscar en las inclinaciones sádicas de los autores sino en las situaciones sociales, culturales o económicas profundamente injustas y por tanto generadoras de violencia, tanto estatales como paraestatales.
Las actividades realizadas en estrecha colaboración con los asociados en el terreno también nos llevaron a tomar consciencia de la falta de atención prestada a ciertas categorías de víctimas, especialmente a las mujeres y los niños, debido, por una parte, a una cierta marginación social o cultural, y por otra, a una interpretación demasiado restrictiva de los deberes que incumben al Estado. En efecto, la definición jurídica de la tortura supone la implicación del Estado; pero, como lo hemos demostrado en instancias judiciales o cuasi judiciales internacionales, eso no significa necesariamente que el autor directo de la violencia sea un funcionario del Estado. Sin embargo, el hecho de que éste consienta o no tome las medidas adecuadas para evitarla o detenerla, compromete tanto su responsabilidad como la del Estado.
También nos decidimos a desarrollar programas para proteger a los defensores de los derechos humanos, no con ánimo corporativo, sino porque ellos son la cadena de comunicación entre las víctimas y las instancias que pueden protegerlas.
Durante estos veinticinco años, nuestras intervenciones urgentes se cuentan por decenas de miles; nuestras asistencias médicas, sociales o jurídicas, nuestros informes, nuestras visitas al terreno y a la prisión, nuestras investigaciones, nuestras opiniones sobre derechos y "amicus curiae", se cuentan por centenas.
No es raro que nuestros asociados se sorprendan por el escaso número de personas que, en el Secretariado, asumen los diferentes programas que acabo de mencionar.
De hecho, eso ha sido posible únicamente por dos razones:
Nuestra red cuenta, como ya hemos dicho, con 297 organizaciones afiliadas, presentes en 97 países. Como en toda cadena de acción, algunas son más activas que otras. Sin embargo, estos asociados sobre el terreno realizan a diario un trabajo relevante basado en su coraje y profesionalismo. Muchos asumen riesgos considerables, como se refleja en el informe que publicamos anualmente sobre los defensores. Calumnias, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos son, por desgracia, el destino para muchos de ellos.
No es posible rendir un homenaje a todos y cada uno, pero me gustaría citar los nombres de dos personas que ocuparon cargos en las instancias directivas de nuestra organización: Eduardo Umaña Mendoza, miembro de nuestro Consejo Ejecutivo, asesinado hace algunos años en Colombia, y Floribert Chebeya, de la República Democrática del Congo, miembro de nuestra Asamblea General, desaparecido y hallado muerto recientemente, y quien será enterrado el próximo sábado.
Si la red nos proporciona la información y algunas veces contribuye a las misiones e investigaciones, el trabajo de denuncia, de análisis jurídico y de seguimiento de los casos es realizado por un destacado equipo de gran profesionalismo, con un alto sentido del compromiso que muy frecuentemente lleva a unos y otros a no contar las horas y a sacrificar muchos de sus fines de semana.
Me gustaría agradecer por todo lo que ellas y ellos realizan diariamente. No voy a mencionar los nombres de todos estos colaboradores, pero quisiera, en este momento en el que celebramos nuestro vigésimoquinto aniversario, rememorar los gratos recuerdos que guardamos de aquellos que se fueron para siempre: Henrik Zielinski, Kitty Leibovitch, Kifle Aria y Vladana Vasiljevic.
Gracias a un equipo unido y comprometido hemos podido salvar vidas; y para nosotros, eso es algo que no tiene precio.
Si hemos logrado éxitos indiscutibles, hay que señalar también, como ya lo hizo Yves Berthelot, nuestro Presidente, que desde hace varios años venimos constatando una fuerte tendencia a la erosión de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos.
En nombre de la seguridad, de las tradiciones culturales o de los imperativos del desarrollo, cada vez más Estados reinterpretan la Convención y, pretendiendo respetarla, debilitan o distorsionan algunos de sus artículos.
Si bien la Convención prohíbe el reenvío de personas hacia un país donde exista el riesgo de tortura, muchos gobiernos reenvían a los solicitantes de asilo, con la única garantía de una promesa de no maltrato por parte de las autoridades del país respectivo, como si se pudiera conceder credibilidad alguna a los dirigentes que, por debilidad o por complicidad, toleran la tortura en sus países.
Ciertamente, las confesiones obtenidas bajo tortura no son admitidas por los tribunales en los Estados de derecho, pero los interrogatorios realizados fuera de nuestras fronteras en condiciones deplorables, a veces por encargo, proporcionan un material que frecuentemente resulta integrado en las bases de datos de los servicios de seguridad de países que se jactan de un gran respeto por la ley. Esas informaciones permiten luego adelantar investigaciones "limpias", ocultando el hecho de que éstas fueron posibles gracias a la utilización de informaciones obtenidas bajo tortura.
Por desgracia – y a veces con éxito –, el ropaje jurídico de esos métodos tiende a obtener legitimidad ante una opinión pública que se deja convencer muy fácilmente.
La campaña que hoy lanzamos busca, modestamente, luchar contra esa incertidumbre. Estamos muy contentos por el apoyo que nos están ofreciendo personalidades nacionales e internacionales de gran relevancia. Estamos convencidos de que su prestigio y el reconocimiento del que gozan ante la opinión pública permitirán incitar a una reflexión, primer paso de una reacción hoy más que nunca indispensable.
Intervenciones hechas por los oradores durante la ceremonia del 23 de junio de 2010
