Honduras: Llamamos a la protección del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la familia del defensor Juan López y del Bufete Justicia para los Pueblos

El 12 de mayo de 2026, las autoridades hondureñas detuvieron al exalcalde de Tocoa Adán Fúnez Martínez, junto con Héctor Méndez y José Ángel Gallegos, en el marco de las investigaciones en curso por el asesinato de Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024.

El Observatorio acoge estos avances como un paso importante hacia la justicia, tras más de 20 meses de exigencias sostenidas de rendición de cuentas. Sin embargo, reitera que las investigaciones deben ampliarse para incluir a los presuntos autores intelectuales y financiadores, así como a las redes de poder vinculadas al megaproyecto extractivo en el Parque Nacional Montaña de Botaderos y en las comunidades de Tocoa, Guapinol y San Pedro, denunciadas desde hace años por las comunidades locales y documentadas por organizaciones de derechos humanos, incluido el Observatorio.

Juan López fue coordinador del CMDBCPT  y defensor de derechos humanos y ambientales de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en el marco de la oposición al megaproyecto extractivo de Emco Holdings/Los Pinares/Ecotek. También fue regidor de la corporación municipal  de Tocoa donde dio prioridad a la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local.

El Observatorio recuerda que su asesinato ocurrió en un contexto más amplio de criminalización, amenazas, desplazamiento forzado y violencia persistente contra integrantes del CMDBCPT, incluyendo a Juan López, y comunidades que defienden la tierra y los recursos naturales en Guapinol y San Pedro, donde se incluyeron los asesinatos de Jairo Bonilla y los hermanos Alí y Oquelí Domínguez en 2023.

Desde el 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares MC-137-23 a 30 personas defensoras integrantes del CMDBCPT, incluyendo a Juan López, y su equipo legal del Bufete Justicia para los Pueblos. La medida MC 137-2023 fue ampliada posteriormente al asesinato de Juan López en marzo de 2025 para incluir a más personas defensoras, dado el ambiente de riesgo inminente que enfrentaban para exigir justicia para Juan López y la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras. 

Se resalta que las recientes detenciones ocurren a pocos días de la audiencia inicial programada para el próximo 25 de mayo de 2026 contra Lenir Pérez, alto ejecutivo de Grupo Emco Holdings, en un proceso penal relacionado con graves delitos ambientales y explotación del área protegida vinculados al megaproyecto extractivo en Tocoa y contra quien el CMDBCPT pidió a las autoridades judiciales que emitieran un auto formal procesamiento y la medida cautelar de de prisión preventiva.

Los desarrollos judiciales actuales, aunque significativos, se dan en un escenario marcado por un riesgo continuo y una alta vulnerabilidad para quienes han denunciado la corrupción, la destrucción ambiental y la presunta colusión entre actores políticos y económicos locales.

En este contexto, el Observatorio expresa su profunda alarma y condena ante la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en el Bajo Aguán, lo que evidencia el clima de violencia y amenaza en que viven las comunidades campesinas y defensoras del Bajo Aguán. Hasta el momento de la publicación de este comunicado, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables.

El Observatorio expresa su preocupación por el hecho de que las detenciones mencionadas y la audiencia inicial que se aproxima puedan incrementar el nivel de exposición y riesgo para las personas miembras del CMDBCPT, del BJP y familiares de Juan López, quienes han enfrentado durante años intimidación, hostigamiento judicial y violencia selectiva.

El Observatorio insta a las autoridades hondureñas a garantizar que todos los procesos judiciales relacionados con el asesinato de Juan López se desarrollen de manera independiente, imparcial y transparente.

El Observatorio urge a las autoridades hondureñas a asegurar una protección efectiva para todas las personas integrantes del CMDBCPT, del BJP, de las personas familiares de Juan Lopez y las personas defensoras ambientales en la región, en cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH MC-137-23, y demás casos de defensores que no estén amparados por dicha medida a fin de prevenir cualquier acto de represalia en el contexto de las investigaciones en curso, y a abordar las condiciones estructurales que han permitido la repetición de ataques contra quienes defienden los derechos a la tierra y al medio ambiente en Honduras.

El Observatorio insta igualmente a las autoridades de Honduras a implementar el Decreto 18-2024 que protege las áreas protegidas de Honduras de la minería y cancelar el megaproyecto de Emco Holdings/Los Pinares/Ecotek, como lo defiende el CMDBCPT.

El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra personas defensoras de derechos humanos. FIDH y OMCT son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Personas Defensoras de Derechos Humanos implementado por la sociedad civil internacional.