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Hay denuncias frecuentes de ataques e incendios provocados contra bienes de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil han señalado también el uso desproporcionado que hacen la policía y el ejército de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente, entre ellas activistas y periodistas, que a menudo son objeto de procesamiento por su labor. Ha habido casos de corresponsales de medios extranjeros a quienes se ha expulsado del país. El gobierno provisional ha adoptado medidas alarmantes, entre ellas algunas que contribuyen a mantener la impunidad de los abusos cometidos por el ejército durante operaciones de control de multitudes. La OMCT continuará condenando estos delitos y pidiendo que se garantice la libertad y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas en Bolivia.