Regístrese ahora
Suscríbase para recibir nuestras últimas noticias y alertas
A pesar de tener unos indicadores macroeconómicos y de desarrollo humano que se encuentran entre los mejores de la región, Uruguay también cuenta con el mayor índice de personas privadas de libertad. En 2017 había 11 103 personas privadas de libertad. En 2015 y 2016, el país registró también las mayores cifras de muertes violentas durante la detención. Sin embargo, Uruguay ratificó la Convención contra la Tortura de la ONU en 1986 y ha ratificado también otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Inicialmente, Uruguay alineó su legislación con las normas internacionales. No obstante, en los últimos años ha habido un importante retroceso en materia de derechos humanos en la legislación nacional. Esta tendencia se ha recrudecido especialmente desde las elecciones presidenciales de noviembre de 2019 y la adopción de la Ley de Urgente Consideración, que hace especial hincapié en las cuestiones de seguridad pública, aumenta las sanciones y reduce las alternativas a la privación de libertad.
Estas tendencias negativas repercuten duramente en la situación de los menores privados de libertad. La OMCT trabaja con los miembros de la Red SOS-Tortura Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) e Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) para documentar casos de tortura y otras formas de malos tratos contra menores. Aunque algunas leyes que poco a poco han favorecido la privación de libertad de los menores respecto a las alternativas más progresistas ya habían socavado Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Urgente Consideración da un paso más. Establece, entre otras medidas, un incremento de las penas de privación de libertad mínimas para menores, penas de privación de libertad por delitos para los que antes se aplicaban alternativas a la detención o el registro de antecedentes penales para adolescentes.