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De un vistazo

A pesar de ser Camboya Estado Parte en la Convención contra la Tortura desde 1992, la tortura y otros malos tratos de personas detenidas parecen ser práctica generalizada, y son numerosas las denuncias de violencia sexual contra mujeres bajo custodia. Raras veces se inician investigaciones y enjuiciamientos sobre las denuncias. Cuando se llevan a cabo enjuiciamientos, la falta independencia y eficacia de la judicatura contribuye a generar alarmantes niveles de impunidad. Camboya se enfrenta también al problema del elevado número de mujeres, niñas y niños que son objeto de trata a través del país con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos continúan sufriendo violencia, intimidaciones y detención. Es habitual la presentación de cargos penales de “difamación” e “incitación” contra estas personas, en especial contra periodistas, quienes parecen aplicarse cierto grado de autocensura. En particular son objeto de amenazas y hostigamiento los defensores y defensoras de los derechos medioambientales y de tierras. La injerencia del Estado en las actividades de derechos humanos y la vigilancia que ejerce sobre ellas se han convertido también en práctica sistemática, con la consiguiente reducción del espacio en el que las ONG realizan en la actualidad su trabajo. La OMCT y su Red SOS-Tortura luchan por que se haga justicia y se deje en libertad a los defensores y defensoras de los derechos humanos condenados injustamente por sus actividades pacíficas.

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