De un vistazo

Desde el fin, en 2017, de las operaciones militares lanzadas para ocupar las zonas bajo el control del denominado Estado Islámico, las fuerzas armadas iraquíes han llevado a cabo acciones de castigo colectivo contra familias y personas presuntamente pertenecientes a dicho grupo, con medidas que incluyen impedir su acceso a la ayuda humanitaria, limitar su libertad de circulación y el uso de la violación y la tortura en los lugares de detención. Hay también graves denuncias sobre numerosas violaciones de derechos humanos –entre ellas uso excesivo de la fuerza, homicidios intencionales, secuestros, represalias y detenciones arbitrarias– cometidas contra manifestantes durante las protestas populares en gran escala que han tenido lugar en 2019 y 2020 en contra de la corrupción, el desempleo y la ineficiencia de los servicios públicos.

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