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En Israel deben abordarse importantes problemas en relación con la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos a fin de avanzar en la resolución pacífica del conflicto. Aunque el Comité contra la Tortura ha señalado que el país debe esforzarse por prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza, la Agencia de Seguridad de Israel, así como los soldados y los agentes de policía israelíes utilizan sistemáticamente la tortura y los malos tratos en las prisiones con el pretexto de las medidas de seguridad. La definición que se hace en la Ley Antiterrorista de 2016 de “entidad terrorista” y de “apoyo a una entidad terrorista” es muy general y ambigua, al igual que las disposiciones que amplían el periodo de detención sin examen judicial de las personas sospechosas de delitos contra la seguridad y otras medidas draconianas, como el uso de pruebas secretas y la exención de grabar los interrogatorios concedida a la Agencia de Seguridad de Israel. También es motivo de preocupación la detención administrativa, que puede dar lugar a detención indefinida sin cargos, en virtud de pruebas secretas a las que las personas detenidas y quienes les prestan asistencia letrada no tienen acceso.