Honduras: A un año del asesinato de Iris Argentina, la defensa de la tierra sigue siendo atacada
Ginebra-Paris, 2 de abril de 2021 – La muerte de Iris Argentina en manos de guardias de seguridad privados vinculados a empresas que operan en territorio hondureño es paradigmática de la intimidación, hostigamiento y violencia estructurales contra quienes defienden la tierra en Honduras, denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
Hoy hace un año que Iris Argentina Álvarez, lideresa comunitaria y defensora de la tierra y el territorio, fue asesinada por personas vinculadas a la empresa agropecuaria La Matilde y a la empresa Azucarera La Grecia. Iris Argentina formaba parte del grupo campesino Cooperativa Agropecuaria Cerro Escondido, que en noviembre de 2019 inició los trámites de legitimación de tierras recuperadas en la comunidad de Los Chachos, municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. El 2 de abril de 2020, guardias privados de seguridad de ambas empresas desalojaron de manera violenta e ilegal las tierras de Cerro Escondido a través de disparos con armas de fuego. La Sra. Iris Argentina murió por heridas de bala.
Si bien dos personas han sido procesadas por este asesinato, ambas están siguiendo el proceso judicial en libertad, y el conflicto entre las dos empresas y el grupo campesino Cerro Escondido persiste. Sus miembros, quienes han vuelto a cultivar las tierras desalojadas, están siendo criminalizados bajo cargos de “usurpación de tierras” y sufren constantemente actos de intimidación y vigilancia por parte la empresa Azucarera La Grecia. Esto ejemplifica los conflictos socio-ambientales y territoriales en Honduras, que generan altos niveles de hostigamiento, violencia estructural y violaciones de derechos humanos contra quienes defienden el territorio, incluida la vulneración de su derecho a la consulta previa, libre e informada.
Además, el 29 de marzo de 2021, Juan Carlos Cerros Escalante, líder indígena Lenca y defensor de la tierra y el territorio, fue asesinado con armas de fuego por personas desconocidas en el Municipio de San Antonio, departamento de Cortés. El Sr. Cerros, quien era Presidente de Comunidades Unidas, del Colectivo de Defensores de la Madre Tierra, e integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbense, había denunciado los daños ambientales provocados por la represa hidroeléctrica “El Tornillito” en el departamento de Cortés. Antes de su muerte, manifestó en reiteradas ocasiones que las medidas de protección que le habían sido otorgadas por el Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos no estaban siendo aplicadas.
Por su parte, un grupo de 41 personas de la Colonia Víctor Argeñal, en Choluteca, están siendo criminalizadas desde 2016 por el delito de “daños a los servicios públicos en perjuicio de la población del Estado de Honduras” por su defensa del medio ambiente frente a las actividades de la empresa Energía Eléctrica de Honduras. Asimismo, en el municipio de Marcovia, también en Choluteca, 70 personas defensoras de los derechos campesinos y a la tierra del Patronato y Empresa Campesina del Tulito están siendo hostigadas judicialmente por el delito de “usurpación de tierras” en el contexto de un conflicto por el territorio con las empresas Cañera del Sur y Compañía Agrícola Destello. A todas ellas, les fueron otorgadas medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El Observatorio rechaza contundentemente el asesinato del Sr. Cerros Escalante, así como el hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra quienes defienden la tierra y el territorio de manera colectiva e individual en Honduras. El Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar de manera inmediata e independiente el asesinato del Sr. Cerros, y a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que quienes defienden los derechos a la tierra y al territorio en Honduras puedan ejercer su trabajo sin temor a represalias y actos de violencia.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.