Del 24 al 29 de octubre de 2009, una delegación de la OMCT llevó a cabo una visita de seguimiento a Uruguay, en el marco del proyecto piloto «La vigilancia del trato dado a los niños privados de libertad en Uruguay ». La misión se realizó en conjunto con el Comité de los Derechos del Niño - Uruguay, coalición de ONG coordinada por el Instituto de Estudio Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), una organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT. Esta misión sigue a otras dos misiones de la OMCT que se efectuaron en noviembre de 2009 y en mayo de 2010.
La estigmatización de los adolescentes privados de libertad es un tema importante en los medios uruguayos. Por esta razón, la OMCT y sus asociados organizaron un taller de sensibilización con periodistas, el lunes 25 de octubre en Montevideo, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad y el trato objetivo de las fuentes de información sobre este tema. A través de los medios, los organizadores deseaban sensibilizar a la sociedad uruguaya no sólo en cuanto a la situación de los adolescentes que son muchas veces víctimas de graves violaciones de sus derechos, sino también hacia métodos más justos de prevención y de administración de la justicia juvenil. El taller reunió 29 participantes de los cuales 14 venían del interior del país. Entre los participantes presentes estuvo la Vice-presidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Rosa María Ortiz. Dentro de poco será publicada una compilación de las intervenciones y distribuida a los participantes del taller y a otros actores pertinentes en Uruguay.
Otro momento fuerte de la misión fue la visita a los centros de detención: en efecto, la delegación de la OMCT, acompañada por Rosa María Ortiz y por representantes del Comité de Derechos del Niño – Uruguay, visitó varios centros donde niños, niñas y adolescentes están privados de libertad: el centro CED (Centro de Estudios y Derivación) en Montevideo donde los jóvenes son recogidos cuando necesitan una protección, los centros CIAF, CEMEC, y Puertas en Montevideo y el centro SER de la Colonia Berro (provincia Canelones) donde están detenidos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley (antes y después de su juicio). En todos los centros, la población supera la capacidad prevista, la falta de funcionarios es importante y las actividades educativas (incluida la escuela) y recreativas dentro de un objetivo de reinserción, son limitados, e incluso a veces inexistentes. En el centro SER de la Colonia Berro, aunque la parte más insalubre que la OMCT y el Comité habían visitado en mayo de 2010 está en obra de renovación, las condiciones de vida en las demás instalaciones son inhumanas y degradantes: allí los adolescentes son mantenidos casi 24 horas al día sin realizar ninguna actividad en celdas sucias y oscuras.
Además, la OMCT y sus asociados entrevistaron a personas de varias entidades y a personas activas en el ámbito de la justicia juvenil, por ejemplo: el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) incluidos los responsables del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI), el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un diputado, la Directora de los Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, un Defensor de Oficio de los niños y adolescentes y representantes del Comité de los Derechos del Niño – Uruguay. Más allá del diálogo sobre los medios para fortalecer la colaboración con las autoridades y la sociedad civil en el ámbito de la justicia juvenil, la OMCT deseaba apoyar a favor del abandono de los proyectos de medidas represivas actualmente discutidas en Uruguay (instalación de contenedores para utilizar como celdas en el centro Puertas, la disminución de la edad de imputabilidad, etc.). La delegación de la OMCT mantuvo también un encuentro con el Cónsul de Alemania cuyo gobierno apoya a nivel financiero el proyecto piloto de la OMCT.
Al final de la misión la OMCT continúa en contacto cercano con las ONG y con las autoridades uruguayas en el ámbito de la justicia con el fin de contribuir a mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y privados de libertad.
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