Informe Anual 2025
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En busca de justicia

En 2025 se celebró el encuentro presencial de los Grupos de Litigantes de SOS‑Tortura para África, las Américas y Asia, creados en 2019, y la primera reunión presencial del Grupo de Litigantes para Europa y Asia Central, creado en 2024. Estos grupos se han convertido en espacios clave para la solidaridad y la acción colectiva, y han propiciado la formulación de estrategias jurídicas coordinadas, el apoyo entre pares y la labor de incidencia conjunta, todo lo cual se tradujo en 2025 en resultados jurídicos concretos.

Con el apoyo activo de la OMCT, así como de redes de sobrevivientes y asociados nacionales, se logró liberar a tres sobrevivientes de la tortura a quienes se había detenido arbitrariamente en México hacía más de un decenio.

Keren Ordóñez fue liberada el 17 de abril de 2025 tras haber sido detenida arbitrariamente y haber pasado más de nueve años encarcelada por un delito que no cometió. La OMCT respaldó los empeños por liberarla presentando cartas ante las autoridades judiciales y emprendiendo una labor de incidencia pública. La liberación fue fruto del trabajo constante del Centro Prodh, miembro de la Red SOS‑Tortura.

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En la fotografía: Keren Ordoñez, persona defensora de derechos humanos de México, detenida injustamente durante nueve años. © Centro Prodh.

Andrew Armando Córdova volvió a ser libre el 23 de diciembre de 2025 tras más de 17 años en prisión. La OMCT apoyó su causa mediante escritos amicus curiae y una constante labor de incidencia pública. Su esposa, Abigail Martínez, miembro de la red mexicana de víctimas y sobrevivientes de tortura, promovió sin descanso su liberación y colaboró con la OMCT, también durante el lanzamiento en México del Índice Global de la Tortura.

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En la fotografía: la red mexicana de víctimas y sobrevivientes de tortura. © CEPAD.

Osmán Iván Rubio Bonilla, ciudadano hondureño encarcelado en México durante más de 14 años, fue liberado el 17 de diciembre de 2025. La OMCT y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), miembro de la Red SOS‑Tortura, colaboraron para lograr su liberación, entre otras acciones, mediante la presentación de una denuncia por tortura y vulneraciones del debido proceso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los abogados Niyongere y Amazohoun, con el respaldo del Grupo de Litigantes de SOS‑Tortura para África, lograron fallos históricos en favor de las personas sobrevivientes de Burundi y el Togo. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a Burundi por el ataque perpetrado en 2016 contra Donatien Ndabigeze por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia; en la decisión se mencionaban la tortura, el trato inhumano y la falta de investigación y se instaba al enjuiciamiento y la reparación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) condenó en dos ocasiones al Togo por trato cruel, inhumano y degradante, y ordenó que se iniciaran investigaciones y se indemnizara a las víctimas por condiciones de detención abusivas y brutalidad policial contra un menor.

En 2025 también se vivió un momento crucial en términos de rendición de cuentas, ya que, tras años de incidencia y documentación por parte de la OMCT y asociados locales, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el expresidente Duterte, a quien imputaba miles de ejecuciones extrajudiciales durante la “guerra contra las drogas”. Una pieza clave fue el informe publicado en 2020 por la OMCT y el CLRDC en el que se documentaban más de 122 casos de víctimas menores y que brindó datos fundamentales para la acción internacional.

La OMCT, junto con la Omega Research Foundation, REDRESS y el IRCT, realizó una intervención estratégica ante la Corte Penal de Tailandia presentando un escrito amicus curiae para poner en tela de juicio el uso de grilletes durante las audiencias judiciales. En el escrito, presentado después de que se hubiera dictado sentencia contra el abogado de derechos humanos Arnon Nampa, se declaraba que esas restricciones constituían trato cruel, inhumano o degradante y vulneraban la presunción de inocencia.

El programa SANAD de la OMCT, que presta una amplia asistencia directa, logró la condena de cuatro agentes de policía por agredir a tres personas beneficiarias en distintas circunstancias. Tres de esos agentes fueron condenados a penas de prisión de entre un mes y tres años. Se indemnizó a dos de las víctimas con sumas importantes. Los fallos aún deben ejecutarse.

A través del programa también se interpusieron o se dio seguimiento a nueve denuncias, la mayoría relativa a agresiones policiales. El programa designó profesionales de la abogacía para asistir a las familias de ocho nuevas víctimas en las investigaciones penales iniciadas tras las muertes sospechosas bajo custodia. El SANAD ha presentado cuatro demandas de indemnización ante el tribunal administrativo para exigir la rendición de cuentas estatal y lograr que se indemnice a las familias de las víctimas en cuatro casos de muerte sospechosa bajo custodia. El tribunal administrativo estimó la concesión de indemnizaciones a cuatro personas beneficiarias del SANAD en procesos relativos al hostigamiento por parte la policía o al arresto domiciliario por medidas administrativas de control. Finalmente, el programa ha elaborado una nueva estrategia de litigio administrativo para poner en tela de juicio las condiciones de detención y la falta de acceso a asistencia sanitaria. Con estas reclamaciones ya se ha logrado que dos personas beneficiarias detenidas se encuentren en mejores condiciones.

Los hallazgos que cambiaron el relato sobre Venezuela: Entrevista con la presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU

Marta Valiñas preside la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre sobre Venezuela. La Misión investiga violaciones graves de derechos humanos para documentar abusos, identificar patrones de represión y promover verdad, justicia y rendición de cuentas, con el objetivo de prevenir nuevas violaciones y garantizar reparación a las víctimas. El mandato de la Misión fue renovado hasta octubre de 2026. En esta entrevista, Valiñas nos explica sobre los hallazgos de la misión y cómo estos cambiaron la narrativa en torno a los derechos humanos en Venezuela.