Creciente impunidad en Perú: Entrevista con una defensora de derechos humanos peruana
Tania Pariona Tarqui es una defensora de derechos humanos, activista indígena quechua de Perú, y Secretaria Ejecutiva de la colación Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Desde su adolescencia empezó a organizarse para defender los derechos de la infancia y la juventud, y hoy aboga por los derechos de las mujeres en toda Sudamérica. Su labor es más relevante que nunca, no solo en Perú y en la región, sino también para el movimiento global contra la tortura. En los últimos meses, el país ha aprobado una serie de leyes que amenazan décadas de avances en justicia y rendición de cuentas. En su paso por Ginebra, donde participó en diversas reuniones de incidencia, nos cuenta cómo se encuentra la situación de derechos humanos en Perú y qué significan estas leyes para las personas defensoras de derechos humanos, así como para las víctimas de tortura y otros tratos crueles.
¿Cuál es la situación actual de derechos humanos en Perú?
Perú atraviesa graves retrocesos en materia de derechos humanos, incluso en derechos muy básicos que tomaron décadas en conquistarse, como la igualdad de género, avances en los derechos de las mujeres y el movimiento nacional feminista, y los derechos sexuales y reproductivos.
También enfrentamos un retroceso en la memoria de nuestro pasado. Recientemente se aprobó la Ley de Amnistía para favorecer la impunidad de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa durante el conflicto armado interno de los años 80 y 2000. Esta ley abre camino a la impunidad de quienes estuvieron vinculados con crímenes de lesa humanidad y borra la memoria de miles de víctimas que han esperado décadas por justicia. En Perú, hoy nuestros derechos no están garantizados, no hay protección.
¿Cuál es el impacto de estas leyes?
Para las familias de las víctimas del conflicto de los años 80, así como para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, estas medidas de impunidad niegan justicia y memoria. Estas leyes permiten reescribir la historia de manera contraria a las experiencias vividas y desconoce las graves violaciones de derechos.
Es un golpe muy duro para las familias que han luchado durante décadas. La Ley de Amnistía afectaría cientos de casos, no a hechos aislados. El Estado dice que esta ley responde al terrorismo, pero en realidad favorece a violadores de derechos humanos en las fuerzas de seguridad implicados en torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
¿Y qué pasa con las personas defensoras de derechos humanos?
Muchos abogados y organizaciones de derechos humanos trabajamos por justicia, pero esta ley bloquea nuestra labor al perdonar a responsables de graves violaciones. Además, las personas defensoras son estigmatizadas bajo etiquetas de “terroristas” o “simpatizantes del terrorismo”. El término “terrorismo” se usa de forma indiscriminada por autoridades, políticos e incluso por la presidenta Boluarte para deslegitimar la defensa de los derechos humanos. La realidad es que las y los abogadas/os defienden a las víctimas, no a terroristas.
¿Qué se puede hacer?
Alzar la voz colectivamente es esencial. La solidaridad internacional debe hacer eco de las demandas de justicia. Es indispensable mantener la esperanza en una democracia real, no solo el acto de votar, sino una democracia intercultural, igualitaria y paritaria que incluya a los pueblos y a las mujeres indígenas. Actualmente en Perú no hay ningún mecanismo para la participación política de los pueblos indígenas ni mujeres indígenas.
La realidad es que no tenemos una verdadera democracia.
Los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano son cruciales, no solo para emitir recomendaciones, sino también para asumir posiciones firmes. Muchas veces se normalizan las violaciones de derechos humanos y la violencia contra las mujeres. La comunidad internacional debe repensar sus acciones, fortalecer las democracias, los mecanismos de protección y los recursos para las personas defensoras. La sociedad civil es vital para la democracia y, sin embargo, el espacio cívico se está cerrando en Perú. Sin derechos humanos, no hay democracia.
¿Qué es lo más importante al defender derechos humanos en estas condiciones?
Defender derechos humanos hoy debe ir más allá de la comunidad especializada y llegar a toda la sociedad. Debemos incluir a los niños, niñas y adolescentes, abordando estos temas en las escuelas y en las comunidades. Yo vengo de una generación que fue testigo de avances gracias a nuestras hermanas mayores que lograron cambios importantes en las políticas públicas. Ahora nos toca defender esos avances, para que sean garantías para las generaciones futuras.
El mensaje de Perú al otorgar amnistía por crímenes de lesa humanidad es nefasto: le dice al mundo que la impunidad es aceptable. Pero como vemos hoy en los conflictos globales, la impunidad solo perjudica a los más pobres y vulnerables. No podemos aceptarlo como algo natural, debemos confrontarlo ahora.
¿Qué mensaje le gustaría enviar a la comunidad internacional?
Hoy en Perú se vulneran los derechos de sus ciudadanos, especialmente de quienes alzan su voz contra medidas que afectan nuestro bienestar y futuro. Perú suele mostrarse ante el mundo como defensor de los derechos humanos, pero hoy las y los peruanos no tenemos garantías. Por eso es crucial que la comunidad internacional preste atención, sobre todo a casos de tortura y detenciones arbitrarias de activistas, estudiantes y mujeres indígenas. Nuestro llamado es a que la comunidad internacional no solo exprese preocupación, sino que también esté presente, alce la voz y abogue por los derechos de las y los peruanos.
Únete a nuestro movimiento global contra la tortura para ayudar a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo y permitir que los supervivientes se recuperen y obtengan justicia. Apoya a la OMCT y su Red SOS-Tortura: tu donación puede marcar una verdadera diferencia en la promoción de la dignidad humana.
