Desaparición forzada y lucha por la verdad en América Latina
En el Día Internacional del Derecho a la Verdad y la Dignidad de las Víctimas, ponemos el foco en la lucha contra la desaparición forzada en América. La desaparición forzada, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ocurre cuando una persona es arrestada, detenida, secuestrada o privada de su libertad por agentes del Estado, o por personas que actúan con su autorización o apoyo, y luego se oculta su paradero, dejándola fuera de toda protección legal. Esta práctica constituye una grave violación de los derechos humanos y puede constituir tortura debido al sufrimiento causado tanto a quienes son desaparecidos o desaparecidas como a sus familiares.
En América Latina, esta violación de derechos humanos ha afectado a miles de víctimas durante décadas. Frente a ellos, comunidades y movimientos de la región han sostenido una lucha persistente por la verdad y la justicia. Un hito clave fue en 1977, cuando en Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una búsqueda que transformó la memoria colectiva del continente y sentó un nuevo capítulo en la lucha contra la desaparición forzada.
Hoy la desaparición forzada sigue siendo una realidad alarmante en la región. En Colombia, se estiman más de 100 000 víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado entre el gobierno y las guerrillas, con muchos casos aún sin resolver. En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas reporta más de 130 mil personas desaparecidas, en gran parte vinculadas a la violencia del crimen organizado y estrategias de seguridad fallidas en las últimas décadas. En Argentina, los efectos de la dictadura militar de los setenta siguen presentes, mientras los procesos de memoria y justicia enfrentan discursos negacionistas. En Brasil, recién este año se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para tipificar la desaparición forzada como delito en la legislación penal del país. En otros países, como Venezuela y El Salvador, las desapariciones continúan en contextos de represión política y violaciones de derechos humanos, y se observa un aumento de desapariciones de corta duración para silenciar a personas defensoras de derechos humanos.
Más allá de las cifras, cada desaparición deja tras de sí un dolor concreto, familias que viven con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus seres queridos. En México, desde hace casi 13 años, Raquel Trinidad busca a su hijo, Alejandro Trinidad Escobedo, desaparecido el 11 de mayo de 2013 en Tequila, Jalisco, enfrentando procesos de revictimización y la falta de avances en las investigaciones por parte de las autoridades, que continúan cometiendo múltiples omisiones en el proceso.
En Ecuador, en diciembre de 2024, cuatro niños fueron detenidos por militares y posteriormente desaparecidos y asesinados bajo su custodia. El 25 de diciembre de 2024, una jueza de Guayaquil declaró su desaparición, e inició investigaciones contra 16 militares. La Corte Constitucional de Ecuador se pronunció y emitió una sentencia por primera vez sobre desapariciones forzadas cometidas por el Estado, y el 22 de diciembre, un Tribunal penal declaró responsables a los implicados.
Estas historias muestran que las desapariciones forzadas no son solo parte del pasado, sino una realidad presente, y que mantener viva la memoria y exigir justicia son responsabilidades colectivas de toda la región.
La búsqueda de la verdad se ha convertido en un pilar para las familias, muchas veces lideradas por madres, hermanas, esposas e hijas que han transformado el miedo y dolor en resistencia. Ellas no sólo exigen justicia para sus casos, sino cambios estructurales que protejan a toda la sociedad y prevengan nuevas violaciones.
La memoria, en este contexto, se ha convertido en una herramienta de resistencia. En México, las madres buscadoras han creado un Recetario para la Memoria, donde han recopilado las recetas favoritas de sus hijos e hijas que han desaparecido. En Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo han empujado la resignificación de los espacios en los que las víctimas de la dictadura fueron torturadas y desaparecidas, como el Museo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. En Colombia, las familias han colaborado con el Centro Nacional de Memoria Histórica para crear una serie de publicaciones que permiten reconstruir los hechos y explicar el contexto en el que se dieron las desapariciones. Estos esfuerzos reafirman que la memoria es un bien colectivo, y que el derecho a la verdad les pertenece a las familias, pero también a la sociedad en su conjunto.
En un contexto regional donde persisten intentos de negar el pasado e invisibilizar las violaciones presentes, resulta fundamental garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la memoria. Mantener estos principios como un bien social implica poner en el centro a las familias y sus demandas, y asegurar que estas graves violaciones de derechos humanos nunca más vuelvan a repetirse.
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