“Cuando defender la naturaleza se castiga con prisión”

A pesar de que organismos y personas expertas internacionales en derechos humanos han reconocido que su detención fue arbitraria y han llamado a su liberación, el 6 de marzo de 2025 fue condenado a treinta años de prisión. Pablo se encuentra actualmente en el Penal de Villa de Etla, en Oaxaca. Yésica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos e integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca (organización mexicana de derechos humanos que ha acompañado el caso de Pablo desde el momento de su detención) nos cuenta más sobre este caso.

¿Quién era Pablo antes de su detención y qué causas lo motivaban a actuar en defensa del bosque y su comunidad?

Antes de ser detenido, Pablo era agricultor y defensor de los derechos ambientales, indígenas y comunitarios. Él es indígena zapoteco de la comunidad San Isidro Aloapam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, donde vivía con su esposa y sus hijos hasta la fecha de su detención. Pablo cumplió 56 años de edad en este año en la cárcel. Durante más de 20 años dedicó su vida a cuidar y proteger los recursos naturales de su comunidad, sobre todo el bosque y el agua, ante amenazas de deforestación ilegal. A lo largo de este tiempo, Pablo desempeñó varios cargos públicos en su comunidad, como el de policía comunitario, miembro del Comité de Agua Potable, tesorero del Comité de Camino, presidente del Comité de Autobús Comunitario y presidente del Comité de Escuela Secundaria. Informaba sobre la tala ilegal de árboles y sensibilizaba sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En represalia, se ganó poderosos enemigos entre los madereros ilegales que operaban en la zona y se enfrentó a numerosas acusaciones penales.

¿Qué circunstancias llevaron a su detención el 15 de agosto de 2010 y por qué cree que fue criminalizado por su labor de defensa?

Ya en el año 2000, Pablo fue criminalizado por primera vez por su labor de defensa de la tierra y el territorio, le imputaron y condenaron por supuestas acusaciones relativas a ataques a las vías de comunicación. Pablo era líder comunitario de una de las dos comunidades indígenas vecinas, las cuales tienen una larga historia de conflicto sobre el manejo de recursos y de la tierra. El 18 de junio de 2007, resurgió el histórico conflicto entre las comunidades, generando un estallido de violencia que resultó en varios muertos relacionados con la deforestación en el área. Más de tres años después de este conflicto de la tierra y la tala, el 15 de agosto de 2010, Pablo se encontraba con su familia cuando fue detenido arbitrariamente por 15 hombres que cubrían sus rostros y portaban armas largas. Lo atacaron y lo obligaron a entrar en un vehículo sin ninguna explicación, sin mostrar ninguna orden de aprehensión. Durante su detención fue víctima de tortura. Cuando llegó al reclusorio de Etla al día siguiente, descubrió que lo acusaban de un asesinato ocurrido en 2007, a pesar de que nunca se ha podido mostrar pruebas que lo incriminen en ese homicidio.

¿En qué condiciones vive actualmente Pablo y cómo su detención ha impactado en su bienestar físico y emocional, el de su familia y su comunidad?

La ONU ha reafirmado que Pablo fue víctima de malos tratos, torturas y amenazas por parte de funcionarios penitenciarios desde su detención, que fue en realidad un secuestro. El defensor denunció sus condiciones en la cárcel y el hambre que sufre. Su detención arbitraria ha tenido un fuerte impacto económico, físico y emocional para su familia. Su esposa, la defensora de derechos humanos, Yolanda Pérez Cruz, y sus hijos se vieron obligados a desplazarse de su comunidad por amenazas constantes y graves que han sufrido por la lucha por justicia y la defensa de los derechos humanos. Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca aprobó medidas cautelares a su favor. Vivir en la ciudad les brinda algo más de seguridad y la posibilidad de visitarlo, aunque sigan recibiendo amenazas. La detención de Pablo y el desplazamiento forzado han provocado enfermedades crónicas, desarraigo cultural y comunitario, además, de la necesidad de aprender español forzosamente y adaptarse a la vida urbana y mestiza.

A casi 15 años de su detención arbitraria, ¿cuáles han sido las principales dificultades en la búsqueda de justicia y qué papel ha jugado su identidad indígena en el trato recibido por parte del Estado mexicano?

Desde la detención arbitraria, el defensor zapoteco ha enfrentado un proceso de criminalización caracterizado por violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, denunciado a nivel nacional e internacional. En 2017, Pablo fue condenado, una decisión ratificada en 2020 y luego anulada tiempo después por un juez que reconoció que el proceso estaba plagado de irregularidades. Sin embargo, tras casi 15 años en la cárcel, en marzo de 2025 fue sentenciado a 30 años.

El caso ha sido reconocido como emblemático por expertos de las Naciones Unidas por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas, quienes han emitido llamados urgentes e instado a la liberación del defensor. Asimismo, hace 8 años, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una opinión en la que calificó la detención de arbitraria y señaló que “el verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos en su comunidad”. Pablo es el último defensor indígena en México con una opinión favorable del Grupo que sigue injustamente privado de libertad. Su caso es un ejemplo de la criminalización generalizada contra las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales.

¿Qué mensaje enviaría a la comunidad internacional para que se garantice la justicia en el caso de Pablo y la protección de las personas defensoras indígenas en México?

En una carta de este año, Pablo López pide:

“Hoy agradezco a cada uno de ustedes de todas las organizaciones de pueblos y comunidades indígenas nacionales e internacionales de derechos humanos por sus esfuerzos que han hecho por anunciar mi libertad. El Gobierno del Estado de Oaxaca sigue teniendome privado de mi libertad, separado de mi familia desde el 15 de agosto de 2010 cuando fui detenido por un grupo de hombres armados y encapuchados sin mostrar una orden de aprehensión, con el propósito de intimidar mi comunidad para dejar de levantar la voz en defensa de la naturaleza, que año con año destruye nuestro municipio San Miguel Aloapam, sin importar el daño que se ocasiona al bosque, desapareciendo ojos de agua, manantiales, animales silvestres y otros más. Con todo el debido respeto solicito la intervención de cada uno de ustedes, para anunciar mi libertad inmediata, si me encuentro dentro de la razón de hablar en defensa del bosque”.

La defensa apeló y va a recurrir por todas las vías posibles legales y políticas, para lograr su liberación. Además, exige la protección de la vida y seguridad de su compañera de vida y defensora Yolanda Pérez, que, de una mujer indígena monolingüe, se vio obligada a ser bilingüe para luchar por la libertad de Pablo.

Súmate al llamado contra la detención arbitraria y la injusta sentencia de Pablo, ¡luchemos por su libertad, la justicia y las tierras de los pueblos indígenas!