Colombia: La escalada de violencia en el suroccidente pone en riesgo la protección de los derechos humanos

La disputa armada en el suroccidente colombiano -particularmente en la zona urbana de Buenaventura, la zona rural Bajo Calima y el Bajo San Juan, y diversas áreas de Putumayo y Cauca- continúa mostrando un recrudecimiento sostenido del conflicto, acompañado de una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos que ha deteriorado gravemente las condiciones de seguridad para la población local; organizaciones territoriales han documentado escenarios de confinamiento y abandono estatal estructural derivados del control territorial impuesto por estructuras armadas ilegales, situación que ha generado desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, violencia de género, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y actos de terror generalizado.

Además, en los últimos meses, medios locales han reportado que grupos armados han impuesto retenes ilegales en la vía Panamericana entre Popayán y Palmira, llevando a cabo secuestros, robos de vehículos, intimidaciones, extorsiones y enfrentamientos. Todo lo cual demuestra que, pese al inicio del proceso de paz, las comunidades están enfrentando altos niveles de violencia y una crisis social y humanitaria que requiere una respuesta inmediata e integral del Estado colombiano.

Esta crisis también está poniendo en grave riesgo la labor de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. En el transcurso de una sola semana, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz registró cuatro ataques armados y actos de intimidación en contra de sus colaboradores en la región, particularmente en la zona urbana de Buenaventura, la zona rural Bajo Calima y el Bajo San Juan, así como en áreas de Putumayo y Cauca, donde desarrollaban su labor. Todas las personas agredidas son beneficiarias de la medida cautelar MC-629-03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de contar con esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección.

El trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es fundamental en el territorio dada su labor de acompañamiento y documentación que por décadas ha logrado avances importantes a favor de los derechos humanos y ambientales en diversos territorios del país. Por ello, las amenazas a su trabajo no sólo ponen en riesgo la vida de sus colaboradores, sino que también afectan gravemente a las comunidades cuyos derechos defienden.

En ese sentido, hacemos un llamado al Estado Colombiano a:

• Realizar una evaluación rigurosa, independiente y transparente de la implementación territorial de la política de Paz Total, asegurando que sus instrumentos, mesas de diálogo y mecanismos de seguimiento se traduzcan en mejoras tangibles en seguridad, protección y condiciones de vida para las comunidades afectadas.

• Adoptar medidas urgentes y coordinadas que garanticen la protección integral de las comunidades del Bajo Calima, Bajo San Juan y otras zonas afectadas por la violencia en el suroccidente del país, incluyendo presencia estatal efectiva, ayuda humanitaria y prevención del reclutamiento forzado y la violencia sexual.

• Fortalecer y ajustar de inmediato los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección para los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, asegurando que respondan a los riesgos documentados en los territorios e incorporen acciones complementarias para garantizar su seguridad.

La OMCT expresa su solidaridad con todas las comunidades afectadas por la violencia territorial y hace un llamado a la comunidad internacional a reforzar el monitoreo y el acompañamiento en los territorios, así como a brindar apoyo a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que, a pesar de los graves riesgos para su seguridad, continúan trabajando en el suroccidente colombiano.