El Salvador: Organizaciones internacionales exigen la liberación de los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez

El 29 de octubre se sostuvo una audiencia sobre el caso, en la cual la defensa solicitó medidas sustitutivas para Alejandro y José Ángel tras presentar pruebas de arraigo. El juzgado rechazó las medidas, por lo que continúan en detención preventiva. Ambos permanecen en régimen de incomunicación, sin posibilidad de recibir visitas de sus abogados ni sus familiares. Sus abogados afirman que debido a las condiciones de insalubridad, presentan deterioros de salud.

Alejandro Henríquez es un abogado ambientalista, miembro del Foro del Agua y del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES). José Ángel Pérez es pastor evangélico, presidente de la Cooperativa El Bosque y con más de 25 años de liderazgo comunitario. Junto a la defensora Ruth López, Alejandro y José Ángel ha sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional.

Las detenciones de Alejandro y José Ángel no son hechos aislados; responden a un patrón sistemático del Estado salvadoreño para silenciar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y voces críticas, a través de la persecución, criminalización, emisión de leyes restrictivas para las organizaciones sociales y el cierre del espacio cívico.

El uso indebido del proceso y sistema penal ocurre en un contexto de cooptación del poder judicial, de erosión de la división de poderes y cierre del espacio cívico en El Salvador. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la aplicación indebida del régimen de excepción en la detención de personas defensoras de derechos humanos, quienes han sido acusadas por delitos que no guardan relación con el combate a las pandillas.

Para ello, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades salvadoreñas:

• Liberar de inmediato a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, así como a todas las personas defensoras de derechos humanos y voces críticas que han sido detenidas arbitrariamente.
• Abstenerse de utilizar la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado contra personas defensoras de derechos humanos, en clara contravención de las garantías del debido proceso y los estándares internacionales de los derechos humanos.
• Urgir al Estado de El Salvador a cesar inmediatamente la instrumentalización del sistema penal en contra de personas defensoras de derechos humanos o que expresen sus críticas al gobierno.
• Actuar de manera urgente, por los medios diplomáticos, asistencia y cooperación condicionada, entre otros medios, para proteger el espacio cívico, el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en El Salvador.

Organizaciones firmantes:

1. ARTICLE 19 México y Centroamérica
2. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
3. CIVICUS, Alianza Global
4. Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
5. Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V. - Goch, Alemania
6. Front Line Defenders
7. Latin America Working Group (LAWG)
8. Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia is e.V. - Múnich, Alemania
9. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
10. Protección Internacional Mesoamérica
11. Rights & Security International (RSI)
12. Zehar-Errefuxiatuekin - Euskal Herria, Estado español