México: 23 años de impunidad, injusta privación de la libertad y fabricación de culpables bajo tortura en el caso Tlaxcala
En la mañana del 13 de agosto de 2002, Jorge Hernández Mora (de 21 años de edad), los hermanos Oswaldo Francisco (de 22 años) y Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra, así como su padre Sergio Rodríguez Rosas (de 43 años ), y José María Cirilo Ramos Tenorio (de 54 años, y cuñado de Sergio), fueron detenidos de forma arbitraria, en distintos puntos del entonces Distrito Federal y el Estado de México, por agentes de la PGJET -es decir, fuera de su jurisdicción-, y en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR). En algunas de las detenciones los agentes presentaron órdenes de colaboración ya expiradas, mientras que en otras no tenían ningún tipo de documento que justificara la aprehensión.
A Jorge se lo llevaron desde su casa, aunque inicialmente los agentes buscaban a Alejandro, su hermano menor, que apenas era un niño; cuando Jorge les aclaró esta situación, los agentes decidieron llevárselo a él y hacerlo pasar por su hermano Alejandro. En el caso de Oswaldo, éste fue detenido en una estación de metro de camino a su trabajo, su entonces novia avisó a su familia y fue en esta búsqueda por distintas agencias ministeriales que su padre, Sergio, y su hermano, Hugo, fueron también detenidos. José María fue interceptado mientras se encontraba en camino a su trabajo, mientras estaba en su propio vehículo, los policías lo detuvieron, le golpearon y -con violencia y vendado de ojos-, lo obligaron a ir con ellos.
Desde los distintos lugares en que fueron detenidos, Jorge, Oswaldo, Hugo, Sergio y José María fueron llevados hasta un inmueble cercano a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Tlaxcala, a más de 130 kilómetros de distancia; para justificar su detención les fue sembrada droga por los propios policías, argumentando que habían sido “detenidos en flagrancia”. La tortura a la que fueron sometidos comenzó desde su detención y continúo durante su traslado a la entidad.
A su llegada, las torturas fueron en aumento: recibieron golpes, amenazas, fueron asfixiados con bolsas de plástico e introduciéndose líquido por la nariz, recibieron toques eléctricos, fueron inmovilizados corporalmente, entre otros métodos de para causarles dolor y horror; asimismo, todos fueron testigos del trato que recibió cada uno. El objetivo de los abusos era forzarlos a declararse culpables de varios de los secuestros que se habían dado en el estado (ahora se sabe que, en realidad, los verdaderos responsables eran los propios policías en complicidad con otras autoridades locales).
Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño (tenía 25 años), por su parte, era entonces cuñado de Jorge Hernández, fue detenido junto a su novia mientras esperaban información sobre Jorge en las instalaciones de la misma Procuraduría. Horas después ella fue liberada porque “no encajaba con el perfil” que los policías buscaban, mientras que Mario Ricardo fue agrupado con los demás para ser todos presentados ante el Ministerio Público como responsables de los secuestros y, posteriormente, exhibidos en una rueda de prensa ante medios de comunicación, en la que se les acusó de formar parte de una peligrosa banda de secuestradores “exitosamente desmantelada” por la colaboración entre autoridades.
Tras su exposición en medios, los 6 hombres continuaron siendo sometidos a diversos mecanismos de tortura a fin de fabricar las supuestas pruebas que les incriminaban y, en la madrugada del 14 de agosto, fueron trasladados a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), específicamente a la unidad que se encargaba de la investigación de secuestros, en la Ciudad de México.
23 años de impunidad
Lo que se ha continuado hasta la actualidad, ha sido un proceso plagado de irregularidades, negligencia y corrupción. Durante su primera declaración oficial ante el entonces PGR, Jorge, Ricardo, Oswaldo, Hugo, Sergio y José María señalaron los tratos a los que habían sido sometidos, reiterándole luego ante el juez, pese a esto, el juzgador determinó decretar la legalidad de su detención y omitió iniciar investigaciones por las torturas denunciadas.
Fueron llevados a diversas agencias, para terminar privados de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur por 8 años, para luego ser trasladados -por separado- a diversos penales de máxima seguridad a lo largo del país, impidiéndoles tener una defensa adecuada y un vínculo mínimo con sus familias.
El 25 de marzo de 2008 fueron sentenciados con base única en las pruebas fabricadas, siendo condenados a una serie de multas millonarias, así como a 77 años de prisión.
Durante estos 23 años de lucha y de presentar diversos recursos jurídicos, quejas en comisiones de derechos humanos y denuncias mediáticas e internacionales, un tribunal federal reconoció la ilicitud de varias de las pruebas utilizadas en el proceso y ordenó su exclusión, reponiendo el procedimiento en contra de Mario, Jorge, Oswaldo y Sergio.
Parte de las consecuencias de la persecución y privación de la libertad, Hugo quien fue liberado 8 meses después de su detención por falta de pruebas, tuvo que abandonar el país por las crecientes amenazas que empezó a recibir. José María, falleció en 2013, por secuelas directas relacionadas con los diversos actos de tortura que vivió bajo custodia del Estado.
Oswaldo pudo recuperar su libertad en 2016, con su padre aún en prisión, sin ningún tipo de apoyo, disculpa o reconocimiento por parte de las instituciones que lo mantuvieron durante 15 años injustamente preso por delitos que no cometió.
Para él, familiares y amigos que fueron detenidos, así como para sus familias, la tortura y la búsqueda de justicia se han extendido a lo largo de estos 23 años que han significado múltiples e inconmensurables pérdidas frente a un sistema de justicia que se ha negado a mirarles y escucharles.
La lucha de las familias
Hoy, a 23 años de su detención y tortura, privación de su libertad, las cuatro familias permanecen unidas en la exigencia en que todos estos agravios se investiguen. Sus familias, personas que, sin necesidad de ser detenidas y golpeadas directamente, sufren el proceso y ven su vida transformada para siempre, quienes de repente se ven forzadas no sólo a afrontar la tortura y pérdida de sus seres queridos en el sistema penitenciario, sino además a enfrentarse a todo un sistema legal plagado de trámites y procesos burocráticos, de corrupción y frustraciones, que lejos de apoyarles les culpabiliza, generando diversos y complejos impactos psicosociales.
Constantes pérdidas a lo largo de estos años, la transformación de sus vínculos, dejar sus empleos para seguir el proceso, destinar todos sus recursos a sus familiares para sostener la vida en los diversos penales, impactos en su salud. En este camino han perdido la vida Laura y Antonio, madre y padre de Ricardo y Patricia, madre de Oswaldo y Hugo.
La tortura no se termina cuando cesan los golpes, sino que continúa bajo la complicidad de las autoridades a lo largo de los años; los policías que detuvieron y torturaron, los ministerios públicos que presenciaron y solaparon, las y los médicos y psicólogos que no registraron adecuadamente las diferentes secuelas a lo largo de los años, los jueces que sentenciaron sin mayor análisis, las autoridades penitenciarias que continuaron violentando, todos son eslabones de esta larga cadena de responsables, son ellos los torturadores y quienes mantienen la impunidad.
Es por ello que hoy Jorge, Ricardo, Sergio y Oswaldo, a lado de sus familias, siguen exigiendo:
- La liberación y absolución por delitos que no cometieron Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño.
- Que se reconozcan los actos de tortura cometidos en su contra en el momento de su detención el 13 de agosto de 2002, así como a los responsables y que no se encubran con actos de reclasificación de tales hechos.
- Que se reconozcan las faltas al debido proceso a lo largo de 23 años.
Tener presos inocentes bajo tortura no es justicia.