Perú: Organizaciones denunciamos ante la CIDH el uso de la Ley APCI como herramienta de persecución y sus impactos en el cierre del espacio cívico

- Organizaciones y víctimas advertimos ante la CIDH que el Perú atraviesa un grave retroceso democrático sin precedentes.

- Se solicitó nuevamente la inclusión de Perú en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la CIDH, y un monitoreo constante sobre la situación de personas defensoras.

Washington, DC y Lima, Perú. 22 de julio de 2025 – En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales, así como víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos alertamos los efectos regresivos de la Ley que modifica la ley que creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), conocida como Ley APCI.

Durante la audiencia pública, las organizaciones denunciamos que la Ley APCI se ha convertido en una herramienta legal que restringe y criminaliza la labor legítima de defensa de derechos humanos, limitando particularmente el trabajo de representación legal en casos contra el Estado. Aunque la norma se presenta como un mecanismo de transparencia, se evidenció que ya existen regulaciones adecuadas en dicha materia. En la práctica, la ley impone controles arbitrarios y sanciones desproporcionadas que afectan directamente la libertad de asociación y el derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, contextualizamos sobre la aprobación de esta ley en un entorno de deterioro progresivo del Estado de derecho y del espacio cívico en el país, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la posibilidad de llevar a cabo elecciones democráticas con garantías mínimas el próximo año. También subrayamos la ausencia de una política pública orientada a proteger a las personas defensoras de derechos humanos, lo cual agrava la situación de riesgo, impunidad y estigmatización que enfrentan actualmente.

El Estado peruano respaldó la norma aprobada en abril, y destacó que “la norma no impide el financiamiento para litigar contra el Estado”, aunque aclaró que dicho financiamiento no podría provenir de fondos de cooperación internacional. Esta afirmación genera gran preocupación, al implicar una restricción significativa a las posibilidades reales de acceso a representación legal para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Desde hace más de cuatro décadas, las organizaciones de la sociedad civil peruanas han trabajado con apoyo internacional en la defensa de derechos humanos. La Ley APCI pone en riesgo esta labor, dejando en situación de indefensión a víctimas de graves violaciones como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual por parte de agentes estatales. Así lo denunciaron Yovana Mendoza y Francisco Ochoa, dirigentes de la Asociación de Familiares de la Masacre del 15 de diciembre y la Asociación de Víctimas de Accomarca, respectivamente. “Con esta ley, el Estado solo logrará normalizar las masacres y asesinatos, porque no habrá quien defienda a los pobres de mi país”, declaró Mendoza.

También advertimos que la ley ya genera un efecto amedrentador, incluso antes de la publicación de su reglamento, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las organizaciones peruanas optaron por no tomar la voz en la audiencia ante el temor de represalias. En dicho espacio pusimos en conocimiento de casos ya documentados, como el de los líderes indígenas del caso “El Baguazo”, a quienes se les ordenó cambiar su representación legal en aplicación de esta norma.

Ante esta grave situación, las organizaciones solicitamos a la CIDH que inste al Estado peruano a derogar la Ley APCI, condene la normativa y se recuerde el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil en la democracia peruana. Asimismo, pedimos que se incluya a Perú dentro de las situaciones de mayor gravedad de la región en su próximo informe anual, entre otras medidas que mejoren el espacio cívico en el país. La CIDH expresó su disposición a realizar una visita in loco a Perú. El Estado, por su parte, indicó que dicha solicitud deberá presentarse por los canales institucionales formales.

El Sistema Interamericano constituye la última esperanza de justicia para muchas víctimas en el país. Es urgente que se adopten medidas concretas para frenar el retroceso democrático y garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el Perú.

Firmantes:

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

• Centro de Derechos Reproductivos (CDR)

• Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

• Cyrus R. Vance Center for International Justice

• Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

• Red Pro Bono de las Américas

• Robert F. Kennedy Human Right