Los hallazgos que cambiaron el relato sobre Venezuela: Entrevista con la presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU

¿Cómo ha evolucionado la labor de la Misión en relación con la situación venezolana y cuáles fueron los hallazgos o momentos clave que marcaron un punto de inflexión en su mandato?

Desde su creación, la Misión internacional independiente ha documentado la evolución de un patrón de represión estatal sistemática y sostenida desde 2014. A partir de ese año, el Gobierno venezolano consolidó un plan deliberado para silenciar toda voz crítica, extendiendo la persecución no solo a opositores políticos sino también a cualquier persona percibida como tal, incluidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas académicas y estudiantes. También identificó el uso recurrente de supuestas “conspiraciones” (reales o no) para justificar la criminalización y la represión de personas opositoras al gobierno y expandir el control de los servicios de inteligencia y seguridad. Adicionalmente, desde 2017 se han promulgado distintas normas que han consolidado un entramado jurídico represivo.

En sus varios informes, la Misión identificó patrones de delitos incluidas las privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y violencia sexual, algunos de los cuales, constituyen también crímenes de lesa humanidad.

El punto de inflexión más reciente se dio tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando el gobierno intensificó la persecución y represión política realizando detenciones, tanto indiscriminadas como selectivas, causando una mayor restricción del espacio cívico, limitando la libertad de reunión y de expresión, y confirmando la persistencia del aparato represivo señalado por la Misión en sus informes anteriores.

¿De qué manera han variado, o no, las prácticas del Estado venezolano tras sus investigaciones e informes, y cuál es su interpretación sobre esos cambios o la falta de ellos?

Desde el inicio de las investigaciones, la Misión ha observado una progresiva erosión del estado de derecho en Venezuela. Tras las protestas de 2014 y 2017, aún existían espacios limitados de independencia en el Ministerio Público y en ciertos tribunales, que permitieron procesar algunos casos emblemáticos. Sin embargo, la subordinación del sistema judicial al Ejecutivo se profundizó, y progresivamente la Fiscalía ha venido actuando esencialmente como un órgano asesor del poder político. Los jueces, por temor, convicción o conveniencia, reproducen decisiones alineadas con los intereses del gobierno.

Casos emblemáticos como el de Juan Pablo Pernalete y otros jóvenes asesinados durante protestas permanecen estancados, y ninguna violación cometida después del 28 de julio de 2024 ha sido investigada ni cuestionada institucionalmente. La ausencia de avances demuestra la falta de voluntad estatal para garantizar justicia y la consolidación de un sistema de impunidad estructural. El Estado venezolano ha optado por una estrategia de simulación judicial, sin rendición de cuentas real.

¿Cuál es el enfoque metodológico de la Misión y cómo han adaptado su trabajo ante la falta de acceso al país y la complejidad del contexto venezolano para reconstruir los hechos y sustentar sus conclusiones?

La Misión aplica una metodología basada en estándares internacionales de investigación de violaciones de derechos humanos, centrada en la verificación rigurosa de hechos, la protección de fuentes y el principio de “no hacer daño”. Ante la imposibilidad de acceder físicamente al país, el equipo ha desarrollado un sistema de investigación remota, combinando entrevistas seguras a distancia con personas presentes en Venezuela, revisión de documentación audiovisual y análisis de información forense y de código abierto. Asimismo, la Misión ha realizado diversas misiones a terceros países para realizar entrevistas presenciales a distintas fuentes de información.

Desde julio de 2024, el temor de las fuentes y personas defensoras ha aumentado significativamente, lo que ha obligado a reforzar los mecanismos de confidencialidad. La triangulación de testimonios y la cooperación con organizaciones internacionales y locales permiten construir una base probatoria sólida y creíble. El compromiso ético de la Misión con las víctimas, especialmente aquellas sometidas a persecución o exilio, ha guiado cada decisión metodológica, asegurando que la documentación sirva a fines de justicia y rendición de cuentas sin poner en riesgo a quienes colaboran.

¿Cuál ha sido el rol de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones locales y autoridades en el trabajo de la Misión, y qué obstáculos han identificado en su colaboración con mecanismos internacionales como este?

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos han sido fundamentales en el trabajo de la Misión, aportando información, contexto y análisis esenciales para la documentación de violaciones. Sin embargo, la cooperación con mecanismos internacionales enfrenta crecientes obstáculos. El clima de represión y la criminalización del activismo han limitado gravemente el espacio cívico, que se ha visto afectado aún más por iniciativas como la Ley de ONG y las campañas de estigmatización oficial.

La Misión mantiene una relación de confianza y confidencialidad con las organizaciones, evitando divulgar detalles sobre su colaboración para protegerlas de represalia; sin embargo, la falta de financiamiento y el agotamiento de fondos internacionales han debilitado su capacidad operativa. Las y los defensores actúan bajo riesgo constante, con vigilancia digital y amenazas judiciales, pero continúan siendo la columna vertebral de la documentación independiente en el país. Por ello, la Misión ha subrayado la importancia de que la comunidad internacional brinde apoyo sostenido a la sociedad civil venezolana, no solo como fuente de información, sino como pilar esencial para cualquier futuro proceso de rendición de cuentas y reconstrucción institucional.

¿Qué obstáculos persisten para documentar violaciones de derechos humanos en Venezuela y qué lecciones aporta este caso para diseñar futuros mecanismos internacionales en contextos de represión sistemática?

Documentar violaciones de derechos humanos en Venezuela continúa siendo una tarea extremadamente peligrosa. La represión estatal busca no solo silenciar las denuncias, sino impedir la recolección y preservación de pruebas. Organizaciones nacionales enfrentan allanamientos, censura y persecución judicial, lo que obliga a muchas a operar desde el exilio o en la clandestinidad.

La Misión ha enfatizado que todos los Estados tienen la obligación de cooperar con los mecanismos internacionales, lo que incluye proteger a las víctimas y garantizar el ejercicio responsable de sus labores diplomáticas y consulares. El caso venezolano demuestra que, en contextos de represión sistemática, es esencial garantizar recursos sostenidos, independencia y protección institucional a las misiones de investigación.

Es necesario fortalecer las capacidades locales para la documentación remota, establecer canales seguros de comunicación y preservación de evidencias, y promover la coordinación entre actores internacionales. Solo así se podrá contrarrestar la impunidad y asegurar que las violaciones graves no queden fuera del alcance de la justicia internacional.

¿De qué manera pueden complementarse y fortalecerse mutuamente la labor de la Misión Internacional Independiente y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para maximizar su impacto en la documentación, la rendición de cuentas y la mejora de la situación de derechos humanos en Venezuela?

La Misión Internacional Independiente y la Oficina del Alto Comisionado para Venezuela son mecanismos distintos pero complementarios. Mientras la Misión tiene un mandato independiente centrado en la investigación y la rendición de cuentas por violaciones graves y delitos, la Oficina del Alto Comisionado actúa principalmente a través de cooperación técnica, asesoramiento en políticas públicas y fortalecimiento institucional, con base, claro, en el monitoreo de la situación de derechos humanos.

Ambos buscan los mismos fines: proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en Venezuela. Para maximizar su impacto, es fundamental mantener una coordinación prudente y estratégica, respetando la independencia institucional y el mandato de la Misión, mientras que la Oficina puede facilitar procesos de diálogo y asistencia técnica a las instituciones. Una relación complementaria entre ambos mecanismos es clave para evitar la revictimización, reforzar la confianza de las fuentes de información y articular esfuerzos internacionales hacia la justicia y la reparación.