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En Paraguay, numerosos informes denuncian que la tortura y los malos tratos son práctica habitual entre la policía y el personal penitenciario, que actúan en un clima de total impunidad. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los ambientalistas, también son objeto de violencia y se los sigue criminalizando. Las minorías y los grupos excluidos del país sufren una severa represión: la población LGBTIQ+ es a menudo objeto de insultos y agresiones físicas de grupos contrarios sus derechos, sin que la policía proteja ni detenga a los agresores. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha pedido a Paraguay que proteja los derechos de los pueblos indígenas, en especial sus reclamaciones de tierras, pues los desalojos son frecuentes. La OMCT expuso estas preocupantes situaciones en el 47 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura, en 2011. También destacó con carácter prioritario la definición errónea que se hace de la tortura en la legislación paraguaya, que contribuye a generar un alto grado de impunidad.