Ecuador: militarización continua y crisis sanitaria en los centros penitenciarios
Tras la evaluación de Ecuador en el Comité contra la Tortura en junio de 2025, el CDH Guayaquil y la OMCT enviaron un informe alternativo de seguimiento de las observaciones finales sobre su octavo informe periódico. En él denunciaron que la militarización de las cárceles ha generado serios obstáculos al derecho a la salud, que han derivado en violaciones al derecho a la vida, tras la muerte de 292 personas en custodia.
Bajo la vigencia del Decreto 218, en varios centros de privación de libertad, las Fuerzas Armadas han asumido, de facto, decisiones cotidianas sobre medicación, asistencia a audiencias judiciales, distribución de alimentación y control de accesos, desplazando la gestión civil que corresponde al Servicio Nacional de Atención Integral. Esto ha supeditado toda decisión del personal médico e incluso de las direcciones de los centros penitenciarios a las autoridades militares.
Estas barreras institucionales han generado serios problemas de salud, como un brote de tuberculosis en Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, que a pesar de ser reportado desde 2024, no fue propiamente atendidos y se extendió hasta agosto de 2025. La ocupación militar de las cárceles también impuso severas restricciones a la vida de las personas privadas de libertad, quienes son forzadas a permanecer hacinadas en sus celdas la mayor parte del día, sin acceso a alimentos suficientes y sin atención médica.
La presencia de los militares en las cárceles se presentó como una medida necesaria para combatir la violencia y las actividades ilícitas dentro de ellas. No obstante, la ocupación de los centros de detención ha colocado a las fuerzas armadas en el centro de las actividades criminales y ha impuesto un régimen violatorio de los derechos humanos. Lee aquí el informe alternativo completo enviado por CDH Guayaquil al Comité contra la Tortura.
