Ecuador
09.07.24
Informes

Ecuador: Masacres carcelarias y tortura sistemática

© Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

En el marco del 80º periodo de sesiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), el Estado ecuatoriano será revisado los días 9 y 10 de julio del 2024 en la ciudad de Ginebra, Suiza por este grupo de personas expertas.

El contexto ecuatoria se ha caracterizado en los años recientes por un aumento en la violencia en el país, convirtiéndose en uno de los países con una de las tasas de homicio más altas en la región de América Latina; esta situación aunada a una falta de capacidad institucional por parte del Estado ha provicado un aumento en las violaciones de derechos humanos de su población.

Desde el 9 de enero de 2024 (Decreto Ejecutivo 111), Ecuador se encuentra en un estado de excepción por la causal de conflicto armado interno, el cual fue renovado el 7 de marzo de 2024 (Decreto Ejecutivo 193), y que continúa vigente hasta la fecha. En este contexto, los derechos a la libertad personal, de asociación, reunión y de tránsito se encuentran restringidos, además de otorgar facultades a las fuerzas armadas tanto en el territorio nacional como en los centros de privación de la libertad.

En Ecuador las condiciones carcelarias siguen siendo sumamente preocupantes, con un alta tasa de muertes en custodia, además de prácticas generalizadas de tortura y otros tratos inhumanos. Desde 2018 hasta el 2023 han sido asesinadas más de 680 personas bajo custodia del Estado, en un contexto carcelario donde los grupos del crimen organizado tenían el control y estaban en permanente disputa; además, las masacres ocurrieron con permisibilidad del Estado y su omisión por garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de su libertad.

Organizaciones de la sociedad civil han documentado y plasmado en un informe alternativo que han presentado al Comité contra la Tortura, violaciones a los derechos humanos, particularmente durante las masacres carcelarias entre 2019-2023; además, de denunciar las consecuencias del estado de excepción declarado en enero de 2024, así como, los desafíos en el aparato institucional para la prevención y sanción de la tortura. Lea aquí el informe presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).