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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 12 marzo, 1992. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 20 septiembre, 2006
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Benín

De un vistazo

Un gobierno democrático que convocaba elecciones periódicamente hacía que, hasta hace poco, el contexto político en Benín se considerase relativamente estable. Sin embargo, las elecciones legislativas de 2019 se caracterizaron por la represión violenta contra los manifestantes. Además, Benín parece verse cada vez más afectado por la amenaza de los grupos terroristas presentes en la región.

La OMCT lleva más de dos décadas trabajando sobre Benín junto con Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde (ESAM) y otros miembros de la Red SOS-Tortura como ACAT Benín. Nuestro trabajo ha supuesto un avance significativo gracias a la combinación de la incidencia nacional e internacional, el monitoreo en lugares de detención de menores y la formación de miembros del poder judicial, de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario. Entre otros avances, constan la adopción del Code de l’Enfant y de un Código Penal, así como la reducción del número de menores privados de libertad, la separación de los menores y los adultos durante la privación de libertad y las mejoras de las condiciones de detención.

A pesar de que Benín ha ratificado tanto la Convención contra la Tortura como su protocolo facultativo, la aplicación de estos tratados y de sus recomendaciones dista mucho de ser ideal, puesto que la situación de derechos humanos sigue siendo muy problemática. Los niños y las niñas, en especial, continúan sufriendo abusos, violencia y otras formas de malos tratos. En 2019, después de una misión de alto nivel en el país, la OMCT y su socio ESAM presentaron un informe paralelo ante el Comité contra la Tortura (CAT). El CAT formuló importantes recomendaciones, instando al Estado a tomar medidas como, entre otras, alinear su definición de tortura con la de la Convención, mejorar las condiciones de detención para menores, reducir la prisión preventiva (también en los casos de menores) y permitir que las ONG acreditadas accedan a los centros de detención.

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