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Hero image Women ©Koen Suidgeest

Mujeres

Las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a sufrir tortura y otras formas de maltrato.

Esto es así a pesar del marco jurídico internacional que prohíbe la tortura y otras formas de maltrato y del creciente reconocimiento de la necesidad de aumentar la protección de los derechos humanos de las mujeres. Debido a las normas sociales patriarcales, las mujeres corren el riesgo de sufrir tortura independientemente del lugar donde vivan, de la posición que ocupen en la sociedad o de su identidad cultural. Casi una de cada tres mujeres es objeto de violencia física o sexual en algún momento de su vida.

El aspecto más visible de la tortura contra las mujeres es la tortura sexualizada. Aunque también los hombres y los niños son víctimas de delitos sexuales, la violación y otras formas de violencia sexual se comenten de manera más sistemática contra las mujeres. Tradicionalmente, las víctimas de tortura encuentran numerosos obstáculos al presentar una denuncia o pedir reparación. Sin embargo, en el caso de la violencia sexual, las víctimas temen además el estigma y por ello no acuden a la justicia. Como consecuencia, la tortura contra las mujeres pasa a menudo desapercibida y los culpables quedan impunes.

La falta de igualdad de protección contra la tortura y otros malos tratos que sufren las mujeres y niñas reside también en el hecho de que la mayor parte de la violencia contra ellas se comete en la esfera privada de la familia o en la comunidad. Las mujeres son objeto en su propio hogar de palizas, violaciones, incesto y prácticas tradicionales nocivas, como los homicidios por motivos de "honor", la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital, la preferencia por los hijos varones y el matrimonio a edad temprana. Determinados grupos de mujeres son especialmente vulnerables a la violencia, entre ellas las que pertenecen a una minoría, las mujeres indígenas, las mujeres refugiadas y las que viven en situaciones de conflicto armado. 

Las mujeres que pertenecen a una minoría, las mujeres indígenas, las mujeres refugiadas y las que viven en situaciones de conflicto armado son especialmente vulnerables a la violencia.

La COVID-19 ha puesto de manifiesto que las crisis globales afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Si los sistema de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género solían ser ya inadecuados, la pandemia ha hecho que sus limitaciones resulten aún más flagrantes.

Consciente de estas vulnerabilidades, la OMCT integra en su trabajo los aspectos de la tortura y otros malos tratos relacionados específicamente con el género e insta a todos los mecanismos pertinentes de derechos humanos a adoptar una perspectiva de género. La OMCT informa al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) de las dimensiones de género que tiene la tortura y pone de relieve los paralelismos existentes entre la violencia perpetrada por agentes estatales y no estatales.

En los últimos veinte años, el CAT ha desempeñado un papel cada vez más decisivo en lo que respecta a proteger a las mujeres contra la violencia que constituye tortura y otras formas de maltrato y a garantizar que puedan ejercer de manera efectiva sus derechos de conformidad con la Convención contra la Tortura. Dos de sus hitos más importantes son la aprobación, en 2007, de su Observación general núm. 2 y la inclusión de diferentes formas de violencia de género contra las mujeres, como la cometida por agentes no estatales, en sus observaciones finales. 

Un Grupo de Trabajo sobre Mujeres y Tortura  

Junto con la Alianza Filipina de Defensores de los Derechos Humanos (PAHRA), la OMCT ha establecido un Grupo de Trabajo sobre las Mujeres y la Tortura en Asia. Este Grupo de Trabajo responde a la necesidad de aumentar la investigación sobre la violencia sexual y de género desde la perspectiva de la tortura en el continente, a pesar del desarrollo progresivo de marcos jurídicos pertinentes. Además, el Grupo de Trabajo elabora estrategias colectivas y aborda las necesidades expresadas por las organizaciones locales y regionales de la sociedad civil en cuanto a la falta de oportunidades para utilizar su experiencia y los datos recopilados para un análisis sistemático de la problemática en la región.

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