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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado Parte desde el 10 de agosto de 2021

Sudán

De un vistazo

Sudán ratificóla Convención contra la Tortura en agosto de 2021, como un paso importante en el proceso de transición política en curso que comenzó en abril de 2019 tras la caída del régimen del entonces presidente Omar al-Bashir. Tras 30 años de gobierno de mano dura con graves violaciones de los derechos humanos, como torturas, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, se ha liberado a varios miembros de partidos de la oposición, a personas defensoras de los derechos humanos, estudiantes y activistas de la esfera política. Los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad, que eran la columna vertebral del aparato represivo y torturador de Al Bashir, han sido disueltos. El gobierno de transición también ha dado pasos importantes para derogar las leyes que fomentaban la violencia contra las mujeres, incluida una ley de policía moral cuyas penas incluían la flagelación y el encarcelamiento, así como las disposiciones sobre la mutilación/ablación genital femenina (MGF) en el Código Penal.

La OMCT y su miembro de la Red SOS-Tortura, ACJPS, han sido firmes defensores de las transformaciones y reformas clave durante la transición, centrándose especialmente en la protección de las defensoras de los derechos. humanos, incluyendo la detención arbitraria, el acoso judicial, la tortura y otros malos tratos. Además, la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el actual conflicto armado en Darfur sigue siendo un problema para la protección de los civiles, que siguen siendo asesinados y desplazados durante los combates. También hay informes de saqueos, violaciones y detenciones arbitrarias generalizadas en todo Darfur tras años de guerra. Millones de civiles que aún se ven obligados a vivir fuera de sus hogares o incluso del país han encontrado refugio en zonas controladas por el gobierno sudanés, en campos de refugiados en Sudán del Sur, Chad y Etiopía.

La falta de rendición de cuentas por los crímenes internacionales es uno de los principales retos del actual gobierno de transición, que ha dudado en entregar al ex presidente Al Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI), tal y como ésta ha solicitado.

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