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La situación de derechos humanos en Indonesia se ha deteriorado gradualmente desde la llegada del presidente Joko Widodo al gobierno en 2014. Los datos indican que son muy comunes las detenciones y la privación de libertad arbitrarias, los presos políticos, las investigaciones inadecuadas, la restricción de la libertad de expresión, la censura, la violencia contra las mujeres y las personas LGTBIQ+ y la criminalización de las relaciones homosexuales.
En 2019, después de una ola de protestas masivas, se retiró temporalmente un proyecto de código penal que restringía gravemente los derechos civiles y políticos, especialmente para las mujeres y las minorías. Aunque esto supuso una victoria para los derechos humanos en Indonesia, es un buen ejemplo de las actitudes de un país en el que la expresión religiosa de grupos minoritarios, la libertad sexual y los derechos reproductivos de las mujeres están amenazados.
Otro motivo de preocupación es la mano dura que se aplica en todo el país contra las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, particularmente en Papua, Yakarta, las islas Molucas y Borneo Oriental. Los medios de comunicación que han sido críticos con el gobierno y el ejército han sufrido censura y ataques digitales.
También se ha criticado duramente al gobierno por su falta de acción ante la pandemia de COVID-19, especialmente en materia de protección de los derechos de los trabajadores del ámbito sanitario y de los trabajadores migrantes.