Colombia: Más de 2000 días de criminalización contra la defensora de derechos humanos Milena Quiroz
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
El próximo 1 de agosto tendrá lugar la audiencia ante el Juzgado Primero de Cartagena en la que éste decidirá sobre la legalidad de las pruebas que las y los fiscales en Colombia están empleando para criminalizar a la defensora de derechos humanos afrocolombiana Milena Quiroz Jimenez.
Desde el International Service for Human Rights (ISHR), Front Line Defenders (FLD), El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT/FIDH), y el Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), llamamos a cesar la criminalización en contra de ella y a garantizar su derecho a defender derechos humanos (DDHH).
Milena Quiroz Jiménez es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Arenal (Comuarenal) y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras “Resistencia Cimarrona Casimira Olave Arincon Amela”. También integra la Fundación Rescate Cultural (FUREC), y hace parte de la Emisora Comunitaria “La Negrita de Arenal” en el municipio de Arenal, departamento de Bolívar.
La orden de captura en contra de la lideresa Milena Quiroz fue emitida en 2017 por la Fiscalía 3ª del Circuito Especializado de la ciudad de Cartagena. Esta Fiscalía le imputó los delitos de “rebelión”, “concierto para delinquir” y “financiación de grupos terroristas”, debido a las marchas que organizaba como lideresa social. Cuando Milena fue liberada, junto con otros defensores detenidos, el Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, Freddy Machado, señaló que las acusaciones carecían de sustento probatorio suficiente, y cuestionó la actuación de la Fiscalía, señalando que se precipitó “en generar un resultado más publicitario y mediático en vez de estructurar una imputación más razonable”.
Milena Quiroz, junto con otros 11 líderes y habitantes del Sur de Bolívar, han sufrido represalias por su labor de protesta y defensa de DDHH: detenciones arbitrarias, sometimiento a un un largo proceso de criminalización lleno de irregularidades, dilaciones injustificadas, falta de pruebas, e incumplimiento de las garantías del debido proceso.
Una jueza de control de garantías de Cartagena dictaminó que Milena no podía permanecer en su región, por lo que se vio obligada a fijar un domicilio fuera del sur de Bolívar. La jueza adujo que, de lo contrario, Milena seguiría teniendo injerencia en su municipio, pudiendo convocar marchas y ser “un peligro para la sociedad”. Por ello, la lideresa fue obligada a guardar detención preventiva domiciliaria lejos de su familia y de su territorio, impidiendo que siguiera defendiendo los DDHH de su comunidad.
Por otro lado, sus audiencias han sido reprogramadas en más de 10 ocasiones; la Fiscalía ha tratado de estigmatizarla, vinculandola con grupos guerrilleros, lo que eleva su riesgo de sufrir ataques; y se ha impedido a sus abogados acceder a las pruebas y entrevistar a los testigos supuestamente existentes en su contra, vulnerando su derecho de defensa.
La defensa de Milena ha denunciado continuamente estas irregularidades, y pende una investigación penal y disciplinaria en contra de la Fiscal que ha impulsado la criminalización. Sin embargo, desde el 28 de mayo de 2020, más de dos años, se viene esperando que el Juez de conocimiento se pronuncie sobre el rechazo o no del descubrimiento probatorio de la Fiscal y el ocultamiento de los testigos, sin que a la fecha haya sido posible en su mayor medida por causa atribuibles a la Fiscalía y al Juzgado de conocimiento. Esperamos que la próxima audiencia del 1 de agosto de 2022 se pueda conocer esta decisión, que señale la ilegalidad de las pruebas que se pretenden usar en su contra, y se garanticen los derechos de la lideresa social y defensora de derechos humanos Milena Quiroz Jiménez y demás procesados.
La continuidad del proceso de criminalizacion aumentaría aún más el estigma en contra la defensora y los riesgos de que se produzcan nuevos ataques en contra de Milena Quiroz, como lo ilustra el intento de asesinato que sufrió en diciembre de 2019, pese a contar con medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección (UNP), o el lamentable asesinato de Teófilo Manuel Acuña, el 1 de marzo de 2022, criminalizado junto con Milena.
El caso de Milena hace parte de un contexto más amplio de persecución y violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Según Front Line Defenders, en el año 2021,fueron asesinados 138 líderes sociales y personas defensoras en el país, siendo el país más mortífero del mundo para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Las mujeres defensoras y lideresas viven una situación particular de riesgo, y en los últimos años se ha observado un incremento de asesinatos, tortura, violencia sexual y amenazas contra lideresas comunitarias y defensoras.
En vista de lo anterior, las organizaciones firmantes:
Llamamos a las autoridades judiciales en Colombia a examinar en profundidad y considerar las irregularidades señaladas en el proceso contra Milena Quiroz y, consecuentemente, detener el proceso de criminalización en contra de la defensora.
Llamamos al gobierno colombiano a que asegure todas las condiciones para la labor de las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su integridad física y que no sean estigmatizadas y criminalizadas por su actuación.
Llamamos a la prensa nacional e internacional a presentarse en la audiencia como veedores del proceso arbitrario que Milena está sufriendo por defender derechos humanos.
Llamamos a la comunidad internacional, delegaciones diplomáticas y embajadas en Colombia a monitorear este proceso y pronunciarse llamando al cese de la criminalización, la violencia y la persecución en contra de Milena Quiroz Jimenez, y en contra de las personas que defienden los derechos humanos en el país.
Contactos de referencia para mayor información y concertar entrevistas:
Julia Lima, Front Line Defenders, Coordinadora de Protección para Sudamérica: jlima@frontlinedefenders.org
Marc Montany Daufí, Organización Mundial Contra la Tortura: mam@omct.org
Angelita Baeyens, Robert F. Kennedy Human Rights: baeyens@rfkhumanrights.org
Javier Urízar, Punto focal para latinoamérica y oficial del programa legal, International Service for Human Rights (ISHR): j.urizar@ishr.ch