Alerta: México: Intento de homicidio contra un defensor de derechos humanos
Guatemala
15.06.22
Declaraciones

Guatemala: La represión a operadoras de justicia independientes no cesa

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO – EL OBSERVATORIO / UDEFEGUA

Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 15 de junio de 2022 – La criminalización de la fiscal de derechos humanos Elena Sut Ren, la exfiscal Virginia Laparra y la ex Fiscal General Claudia Paz Paz evidencia la impunidad con que las autoridades de Guatemala continúan desmantelando el Estado de Derecho en Guatemala y las instituciones de protección de derechos humanos en el país, ignorando reiterados llamados internacionales a garantizar un sistema de justicia independiente y a proteger a operadores de justicia independientes, denunciaron el Observatorio y la UDEFEGUA.

El Estado de Guatemala se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos al oponerse a la implementación de mecanismos legislativos, políticos, administrativos, judiciales y sociales que garanticen el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. La reciente reelección de Consuelo Porras como Fiscal General, figura conocida por acosar judicialmente a operadoras y operadores de justicia independientes y forzarlos al exilio, es un paso más en el establecimiento de un sistema de impunidad en el país.

Tanto es así que el 7 de junio de 2022, Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quezaltenango, fue enviada a juicio ante la resolución del Juez Séptimo Penal por la presunta comisión del delito de “abuso de autoridad”. La Sra. Laparra permanecerá en prisión preventiva a espera de juicio. Detenida arbitrariamente el 23 de febrero de 2022 por la presunta comisión de los delitos de “falso testimonio”, “abuso de autoridad” y “usurpación de funciones”, la exfiscal lleva detenida más de tres meses en la Unidad Militar de Mariscal Zavala, donde se le aplican las restricciones propias de aislamiento, que supone un trato cruel, inhumano y degradante.

Un día más tarde, el 8 de junio de 2022, el Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional Contra la Tortura de Guatemala, promovió una denuncia contra Elena Sut Ren, fiscal de la Agencia de Casos especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos; y Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General de Guatemala (2010-2014) y actual Directora Regional del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) por los supuestos delitos de “abuso de poder”, “usurpación de atribuciones”, “tortura” y “simulación de delitos”. La acusación se basa en la acción penal iniciada por la fiscal Sut Ren contra ocho militares retirados acusados de “desaparición forzada” en base a una instrucción general emitida por la ex Fiscal General para la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno. Mostrando absoluta ignorancia de los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, la denuncia de la Oficina Nacional Contra la Tortura sostiene que dicha instrucción general viola los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal en relación con el crimen de “desaparición forzada”.

Desde la llegada al poder de Alejandro Giammattei, se ha mantenido e incrementado la política de debilitamiento de las instituciones democráticas en Guatemala. La protección y promoción de los derechos humanos se ha visto afectada por el desmantelamiento y la persecución sistemática de las instituciones y los operadores de justicia independientes que defienden el Estado de Derecho. Desde abril de 2021, al menos 23 operadoras y operadores de justicia independientes se han visto obligadas y obligados a salir del país para proteger su integridad y la de sus familias.

El Observatorio y la UDEFEGUA condenan energéticamente el hostigamiento judicial contra las exfiscales Claudia Paz y Paz y Virginia Laparra, y reiteran que esta criminalización no es más que una represalia por ejercer su trabajo de manera objetiva, independiente e imparcial contra estructuras de crimen organizado y corrupción en Guatemala que involucran a altos funcionarios del Estado. Ambas organizaciones urgen a las autoridades a liberar inmediata e incondicionalmente a la exfiscal Virginia Laparra y a poner fin al hostigamiento judicial contra el conjunto de operadoras y operadores de justicia independientes en el país.

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

La Unidad de Protección a Defensores yDefensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organizaciónque proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos enGuatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para lageneración de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos.La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

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