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Guatemala
23.12.22
Intervenciones urgentes

Guatemala: Ex fiscal contra la impunidad Virginia Laparra condenada a cuatro años de cárcel

© Prensa Comunitaria

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO


El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) sobre la condena a cuatro años de cárcel conmutables de Virginia Laparra Rivas, ex Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, y que se encuentra detenida de manera arbitraria desde febrero de 2022.

El 16 de diciembre de 2022, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de la Ciudad de Guatemala condenó a Virginia Laparra a cuatro años de cárcel por el delito de “abuso de autoridad en forma continuada” contra la administración pública (Artículo 418 del Código Penal de Guatemala). La Procuraduría General de la Nación (PGN) y los querellantes en el caso, que incluyen a la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo, habían solicitado ocho años de cárcel para Virginia Laparra, la pena máxima por el delito de “abuso de autoridad”.

La condena de prisión es sustituible por una multa de 10 quetzales (1,2 euros aproximadamente) diarios durante cuatro años, es decir 14 600 quetzales (1745 euros aproximadamente) en total. Además, con esta sentencia, la Sra. Laparra queda inhabilitada del cargo de agente fiscal durante un período de cuatro años, en los cuales tampoco podrá optar a cargos públicos.

El 21 de diciembre de 2022, Virginia Laparra compareció de nuevo ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal de la Ciudad de Guatemala para una audiencia de reparación digna, en el que la PGN solicitó al tribunal el pago de 218 000 quetzales (26190 euros aproximadamente) al Estado por parte de la Sra Laparra por daños y perjuicios. La PGN también pidió una disculpa pública de la ex Fiscal de la FECI en los tres periódicos guatemaltecos de mayor circulación a nivel nacional. El tribunal desestimó ambas solicitudes.

En el momento de publicación de este Llamado Urgente, Virginia Laparra permanece detenida de manera arbitraria en la Unidad de Matamoros.

El Observatorio recuerda que Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 a petición del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala por los delitos de “falso testimonio”, “abuso de autoridad” y “usurpación de funciones”. El proceso penal contra Virginia Laparra se inició como represalia por varias denuncias administrativas que ésta interpuso en 2018 contra un juez de Quetzaltenango por divulgar información de expedientes que se encontraban bajo reserva en una investigación a cargo de Laparra como fiscal de la FECI sobre estructuras de corrupción en la municipalidad de Quetzaltenango.

En octubre de 2022, un Juez de Diligencias Urgentes giró una nueva orden de aprehensión contra Virginia Laparra por el supuesto delito de “revelación de información reservada” por los mismos hechos por los que ha sido juzgada y condenada. Este segundo caso, cuyo juicio aún no ha comenzado, podría ser usado para mantener a la ex Fiscal Laparra en prisión.

El Observatorio condena enérgicamente la condena injusta contra Virginia Laparra, que sienta un funesto precedente para el trabajo de fiscales independientes que trabajan para poner fin a la impunidad y a la corrupción estructurales en Guatemala.

La detención y el proceso criminal arbitrarios contra la ex fiscal Virginia Laparra se enmarcan en un clima de persecución sistemático establecido por el Gobierno de Alejandro Giammattei contra todas las operadoras y operadores de justicia que velan por la preservación de la independencia judicial y buscan desarticular las estructuras criminales y de corrupción en el país. Desde abril de 2021, al menos 24 operadoras y operadores de justicia independientes se han visto obligadas y obligados a salir de Guatemala para proteger su integridad y la de sus familias. De acuerdo con UDEFEGUA, de enero a junio de 2022 se registraron un total de 589 agresiones de las cuales, las y los operadores de justicia independientes fueron el grupo de personas defensoras de derechos humanos sometido a más ataques, sumando un total de 211 agresiones, que incluyen difamaciones, discurso de odio, denuncias judiciales sin fundamento y detenciones arbitrarias.

Entre las y los operadores de justicia hostigados se encuentran Erika Aifán, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Plena, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”; Xiomara Sosa y Amy Girón ex fiscales de la FECI; Aliss Morán y Samari Carolina Gómez Díaz, ambas ex auxiliares de la FECI; Elena Sut Ren, fiscal de la Agencia de Casos especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos; la ex Fiscal General de Guatemala Claudia Paz y Paz, así como Miguel Ángel Gálvez, Juez del Juzgado B de Mayor Riesgo del Organismo Judicial de Guatemala.

El Observatorio exhorta a las autoridades competentes a anular la sentencia condenatoria contra Virginia Laparra, a liberarla de manera inmediata y a garantizarle medidas de reparación integral por los diez meses de detención arbitraria, así como por la criminalización y el juicio injusto al que ha estado sujeta. El Observatorio hace un llamado a poner fin a todo tipo de hostigamiento contra las operadoras y operadores de justicia independientes en Guatemala, y a tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Guatemala urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y el bienestar psicológico de Virginia Laparra, así como del conjunto de operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos en Guatemala;

ii. Anular la sentencia condenatoria de Virginia Laparra y liberarla de manera inmediata e incondicional;

iii. Poner fin a todo acto de hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra Virginia Laparra, así como contra el conjunto de operadores de justicia y personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala;

iv. Poner fin a todo tipo de amenazas, ataques y actos de hostigamiento y criminalización, y asegurar garantías para quienes trabajan para poner fin a la corrupción y la impunidad y defienden los derechos humanos en Guatemala;

v. Revertir de manera inmediata la política de persecución y criminalización contra operadores de justicia independientes y personas defensoras de derechos humanos en Guatemala;

vi. Impulsar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos que incluya componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo.

Direcciones:

· Sr. Alejandro Giammattei, Presidente de la República de Guatemala. Twitter: @DrGiammattei

· Sr. Guillermo Castilla, Vicepresidente de la República de Guatemala. E-mail: guillermo.castillo@vicepresidencia.gob.gt

· Sr. David Napoleón Barrientos, Primer Viceministro de Gobernación encargado de la Seguridad. E-mail: gachavarria@mingob.gob.gt

· Sra. Embajadora Carla María Rodríguez Mancia, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra; E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int, onusuiza@minex.gob.gt

· Sr. Embajador Luis Raúl Estevez, Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos en Washington; E-mail: oea@minex.gob.gt, guatemala@oas.org

· Sr. Embajador Jorge Skinner-Klée Arenales, Embajada de Guatemala en Bruselas; E-mail: embaguate.belgica@skynet.be

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.

***

Paris-Ginebra, 23 de diciembre de 2022

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

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