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Honduras
11.03.21
Intervenciones urgentes

Honduras: Criminalización de las defensoras garífunas Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Sarina Mejía Solórzano

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

HND 002 / 0321 / OBS 033
Criminalización /
Libertad provisional
Honduras
11 de marzo de 2021

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información sobre la puesta en libertad provisional y la continuación de la criminalización contra Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Sarina Mejía Solórzano, defensoras del territorio y de los derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

El 3 de marzo de 2021, la Policía Nacional de Honduras detuvo arbitrariamente a Jennifer Solórzano mientras se dirigía en coche hacia el municipio de Santa Fe, departamento de Colón, acusada en un primer expediente de los delitos de “usurpación de tierras”, “daños” y “amenazas” en contra de la empresa Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA), de origen canadiense. Marianela Solórzano fue detenida por los mismos delitos cuando acudió al puesto de policía donde estaba detenida su hermana Jennifer Solórzano, al existir una supuesta orden de captura en su contra. Además la defensora Jennifer Solórzano cuenta con una segunda orden de captura en otro expediente por el delito de “robo”. Ambas permanecieron detenidas durante cuatro días en las oficinas de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) en Trujillo, departamento de Colón.

El 7 de marzo de 2021, Marianela Solórzano y Jennifer Solórzano comparecieron ante el Juzgado de Letras de Trujillo, departamento de Colón, para su audiencia inicial. En la entrada del edificio, la presencia de un grupo de al menos 21 miembros de las fuerzas armadas y 15 miembros de la Policía Nacional generó un clima de hostilidad contra las personas de la comunidad que acudieron en apoyo de las defensoras.

En la audiencia, el juez de Letras Camilo Peralta negó el acceso a miembros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para la observación de la audiencia. El tribunal dictó para ambas defensoras auto formal de procesamiento por los delitos de “usurpación de tierras”, “daños” y “amenazas” y les otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Asimismo, la Fiscalía solicitó la imputación de Jennifer Mejía Solórzano por el delito de “desplazamiento forzado” contra miembros de la empresa JUCA, al cual el juzgado dictó auto formal de procesamiento con medidas sustitutivas a la cárcel. Este delito está penalizado con nueve años de cárcel de acuerdo con el Código Penal de Honduras.

El Observatorio expresa profunda preocupación por la criminalización de Jennifer y Marianela Solórzano en represalia a su defensa de los derechos del pueblo garífuna, así como por el reiterado uso indebido del derecho penal contra quienes defienden el territorio y los derechos indígenas, en contravención al artículo 613 del Código Penal de Honduras.

El Observatorio alerta del riesgo de criminalización de más defensores de los derechos garífunas, al constar en el expediente de las investigaciones contra ambas defensoras el nombre de otros miembros de OFRANEH.

Asimismo, el Observatorio destaca que los argumentos presentados por la fiscal Dora Enick Bonilla Bonilla para sostener la imputación de Jennifer y Marianela Solórzano basados en un supuesto abandono de las tierras por parte de las comunidades garífunas contribuyen a la estigmatización del pueblo garífuna en base a estereotipos racistas que señalan a estas comunidades como poco trabajadoras. De igual modo, la acusación de Jennifer Solórzano del delito de “desplazamiento forzado” estigmatiza al pueblo garífuna como violento, dado que este tipo penal ha sido aplicado en actos relacionados con el crimen organizado en Honduras.

El Observatorio destaca que Jennifer y Marianela Solórzano fueron detenidas un día antes de que se celebrara en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, por las que ordenaba al Estado de Honduras cumplir con su obligación de titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de ambas comunidades.

El proceso de criminalización contra Jennifer y Marianela Solórzano se enmarca en un contexto de violencia y ataques contra quienes defienden los derechos del pueblo garífuna en Honduras, incluyendo el asesinato del líder garífuna Martín Pandy y los 235 días de desaparición forzada de Alberth Sneider Centeno, Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez por hombres fuertemente armados que portaban chalecos de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) de Honduras. A raíz de su desaparición, la Corte IDH otorgó medidas provisionales de protección a las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, las cuales no han sido implementadas.

Asimismo, los actos de criminalización contra Jennifer y Marianela Solórzano se producen en un marco de creciente hostigamiento contra las mujeres defensoras de los derechos humanos en Honduras, incluyendo los actos de seguimiento y vigilancia contra integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras en los actos conmemorativos del quinto año de la siembra de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2021.

Por todo lo anterior, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a poner fin al hostigamiento y a la criminalización de Jennifer y Marianela Solórzano, a decretar el sobreseimiento del caso en su contra y a tomar de manera inmediata las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del conjunto de personas defensoras de derechos humanos en Honduras.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i. Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de las Sras. Jennifer Solórzano y Marianela Solórzano, de la membresía de OFRANEH, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras;

ii. Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a la desaparición forzada de los Sres. Alberth Sneider Centeno, Aparicio Mejía García, Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez, así como en torno al asesinato del Sr. Martín Pandy, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley;

iii. Adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y el bienestar psicológico de las comunidades garífunas, de la membresía de OFRANEH y de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras;

iv. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en Honduras.

Direcciones:

  • Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
  • Sr. Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
  • Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn
  • Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
  • Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
  • Sr. Rolando Edgardo Argueta Pérez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
  • Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
  • Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
  • Sr. Embajador Luis Cordero Montoya, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

***

Ginebra-París, 11 de marzo de 2021

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

  • Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39
  • Tel. FIDH: + 33 1 43 55 25 18
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