Honduras: Prórroga de la prisión preventiva de los defensores de Guapinol

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Nueva información:

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información sobre la prórroga del período de prisión preventiva de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz tras más de dos años detenidos a la espera de juicio. Todos ellos son defensores del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos[1].

El 26 de agosto de 2021, el día en que expiraba el período legal de dos años de prisión preventiva de los ocho defensores de Guapinol, el Tribunal de Sentencia de Trujillo notificó a los representantes legales de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz, sobre la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de extender por un período de seis meses la prisión preventiva de los defensores, tras la solicitud presentada por el Ministerio Público el 29 de julio de 2021.

La notificación, enviada horas antes de que se celebrara la audiencia de proposición de pruebas para el juicio de los defensores de Guapinol, no aporta ningún argumento que justifique la decisión.

En este sentido, el Observatorio recuerda que el 26 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias declaró que la detención de los 8 defensores es arbitraria, e instó a las autoridades de Honduras a tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata ante el riesgo para su salud que supone permanecer detenidos en la actual crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, así como a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad. Hasta la fecha, el Estado de Honduras no ha tomado ninguna medida para dar cumplimiento a la resolución del Grupo de Trabajo.

El Observatorio recuerda que Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penal de Olanchito desde agosto de 2019 por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, en el marco del proceso de criminalización al que han sido sometidos 32 defensores del agua en el municipio de Tocoa ante las actividades de la empresa minera “Inversiones Los Pinares” en el Parque Nacional Montaña de Botaderos.

Asimismo, Jeremías Martínez fue detenido de forma arbitraria en diciembre de 2018 debido a otro proceso penal por los delitos de “usurpación” y “daños” en perjuicio de la misma empresa. El 17 de marzo de 2021, un juez de jurisdicción nacional le dictó una sentencia absolutoria. Sin embargo, permanece detenido en el Centro Penal La Ceiba, dado que enfrenta el segundo proceso junto a los otros siete defensores. El 19 de marzo de 2021, en una audiencia pública celebrada ante la CIDH, el representante de la Procuraduría General de la Republica informó que Jeremías Martínez había sido liberado tras la sentencia absolutoria, hechos que no son ciertos.

El Observatorio recuerda, además, que el 13 de marzo de 2021, se detectó un brote de COVID-19 en el Centro Penal de Olanchito, exponiendo a Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez a un alto riesgo de contagio debido a las condiciones de hacinamiento y a la falta de adopción de medidas de prevención de la enfermedad por parte de las autoridades penitenciarias. En este sentido, el mantenimiento de los defensores en prisión contradice las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia del respeto y la protección de los derechos humanos en el actual contexto de pandemia[2].

El Observatorio urge a las autoridades de Honduras a implementar de manera inmediata la opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, a liberar inmediatamente a los defensores arriba mencionados y a poner fin al uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a quienes defienden los derechos humanos.

Finalmente, el Observatorio urge a las autoridades a poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y Sector San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, particularmente en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio frente a empresas mineras.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento —incluido a nivel judicial— en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, otorgarles la libertad inmediata e incondicional y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso;

ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnol Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, y de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras;

iii. Poner fin a la utilización del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;

iv. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

v. Abordar las causas de fondo del conflicto socioambiental, revisando la concesión de territorios protegidos a la empresa extractiva minera Los Pinares al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos;

vi. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de derechos humanos.

Direcciones:

• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn

• Sr. Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn

• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn

• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com

• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn

• Sr. Rolando Edgardo Argueta Pérez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn

• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch

• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be

• Sr. Embajador Luis Cordero Montoya, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 2 de septiembre de 2021

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org

• Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39

• Tel. FIDH: + 33 1 43 55 25 18

[1] Por los impactos negativos que han generado dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V. en la zona, se presentó una inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 252-2013 por haber ampliado la zona de amortiguamiento para favorecer la explotación minera y reducir la zona núcleo del área protegida; así también, se presentó una denuncia en contra de funcionarios por abuso de autoridad y omisión de los deberes que debían cumplir los funcionarios.

[2] Véase Resolucion 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, disponible aquí; y Resolución 4/2020 Derechos Humanos de las Personas con Covid-19, disponible aquí.