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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 19 deciembre, 1986
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Camerún

De un vistazo

La crisis de seguridad que afronta el país desde alrededor de 2013, con la presencia de Boko Haram, se ha agravado con la denominada “crisis anglófona” iniciada a finales de 2016. Tanto las fuerzas de seguridad del gobierno como los grupos armados no estatales cometen numerosas violaciones de derechos humanos. Se recurre ampliamente a la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones durante la detención en régimen de incomunicación y para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, así como el activismo político, durante manifestaciones pacíficas. Hay muchos testimonios que indican que la Secretaría de Estado de Defensa (SED) es el principal centro de tortura. Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas durante operaciones de contrainsurgencia son frecuentes. El nuevo Código Penal de 2016 contiene una definición de la tortura que se ajusta al artículo 1 de la Convención contra la Tortura, pero la pena prescrita es menor que la gravedad del delito. La OMCT trabaja con la organización camerunesa Centro para los Derechos Humanos y la Democracia en África en el seno del Grupo de Litigantes de SOS-Tortura para monitorear, identificar y litigar casos de tortura.

Las intimidaciones y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos se han intensificado en los últimos años, en particular desde el comienzo de la crisis sociopolítica en las regiones anglófonas, que ha dado lugar a que las fuerzas de seguridad recurran al uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria para reprimir manifestaciones pacíficas. La OMCT ha informado

también de varios casos de hostigamiento judicial contra defensores y defensoras de los derechos humanos que denuncian la corrupción del gobierno y se oponen al acaparamiento de tierras en el país.

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