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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 5 julio, 2005. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 25 febrero, 2009
Último examen 2009

Nicaragua

De un vistazo

En noviembre de 2021, el presidente nicaragüense Daniel Ortega comenzó su cuarto mandato consecutivo. A lo largo de los últimos años, el gobierno ha reprimido fuertemente a sus opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos, manifestantes y periodistas.

Los presos políticos se ven obligados a vivir hacinados y con unas condiciones se salud e higiene precarias, mala alimentación y continuos tratos inhumanos y degradantes a manos de los funcionarios. Las mujeres se ven especialmente afectadas por las deficientes condiciones de las cárceles, puesto que sufren agresiones recurrentes, a menudo fomentadas por los guardas y perpetradas por presos comunes.

La tortura sexual es una práctica sistemática contra los presos políticos, y, especialmente, contra las presas políticas.

Nicaragua ha fracasado en la protección de las mujeres en general: ha habido un incremento sostenido de la cifra de feminicidios en el país, con una sorprendente ausencia de sanciones penales. La ausencia de medidas estatales para erradicar la violencia contra las mujeres perpetúa su vulnerabilidad. El gobierno persigue a las organizaciones de derechos de las mujeres y ha ilegalizado muchas de ellas.

Asimismo, ha habido una cruzada de las autoridades contra las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, y esto genera miedo entre quienes se atreven a alzar la voz.

Los pueblos indígenas sufren ataques de colonos no indígenas (secuestros, homicidios, agresiones sexuales, amenazas e incendios de hogares).

Desde la expulsión del personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) a finales de 2018, las autoridades han denegado el acceso al país a los observadores internacionales de la situación de los derechos humanos y se niegan a cooperar con los órganos de los tratados de la ONU.

En julio de 2022, Nicaragua se negó a asistir al examen del Estado realizado por el Comité contra la Tortura, poniendo en tela de juicio la integridad y la legitimidad de los expertos.

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