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Venezuela ha estado los últimos años en el centro de atención de la región por su situación política, económica y social. Este contexto de crisis generalizada en el país han aumentado las expresiones sociales de exigencia de derechos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja (caracterizada por una hiperinflación inagotable, salarios mínimos insuficientes y períodos de escasez y/o carestía de productos y servicios esenciales, incluyendo alimentación, agua o medicinas), así como de la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, se han recrudecido las restricciones del derecho a defender los derechos humanos en el país.
La OMCT, junto con COFAVIC, organización miembro de su Red-SOS Tortura, ha podido documentar un aumento sostenido de las ejecuciones extrajudiciales y los actos tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Ello se ha unido al incremento de la conflictividad social y la represión sistemática del derecho a la protesta social. La respuesta del Estado ha consistido en criminalizar y recrudecer los ataques a quienes protestan, identificando a toda persona que exija derechos como un enemigo del Estado. En marzo de 2020 la OMCT publicó, junto con COFAVIC y otras organizaciones asociadas, el informe “Venezuela, enemigos internos” poniendo en evidencia las causas que fomentan la vulnerabilidad de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en el país".