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Las restricciones y la represión de las organizaciones no gubernamentales, la oposición política y los medios de comunicación se han intensificado enormemente con la administración actual. Las desapariciones forzadas de personas de distintas categorías, entre ellas los defensores y defensoras de los derechos humanos, son práctica generalizada en todo el país. Las mujeres y las personas transgénero sufren violencia y persecución. Continúa documentándose tortura a manos de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. A pesar de las obligaciones que ha contraído en virtud de la Convención contra la Tortura y del todavía pendiente proyecto de Ley de (Prevención y Castigo) de la Tortura y las Muertes bajo Custodia, de 2019, Pakistán tiene todavía que promulgar una ley que tipifique la tortura como delito. En 2018, la OMCT y su organización asociada Justice Project Pakistan (JPP) presentaron al Comité contra la Tortura un informe alternativo de seguimiento sobre Pakistán, cuyo examen inicial había tenido lugar en 2016.

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