Tailandia

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A pesar de que Tailandia ratificó la Convención contra la Tortura en 2007, los órganos expertos de las Naciones Unidas continúan denunciando el uso generalizado de la tortura y otros malos en el país. Principalmente en la región meridional, la policía, el ejército y el personal penitenciario suelen someter a las personas detenidas a tortura y malos tratos, en muchos casos para obtener confesiones. La situación se ve agravada por la aplicación de leyes marciales especiales que confieren amplios poderes de excepción a las fueras de seguridad y militares, al margen del control judicial, y agudizan el clima de impunidad de las violaciones sistemáticas y arbitrarias de los derechos humanos.

También se somete a severa represión a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, que son con frecuencia víctimas de detención, reclusión y enjuiciamiento por expresar pacíficamente sus opiniones sobre el gobierno y la monarquía. Son numerosos los presuntos casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de los derechos humanos y activistas medioambientales o contra la corrupción, crímenes que parecen ser utilizados por las fuerzas militares como método de hostigamiento y represión en un clima de total impunidad. Otro problema que afronta Tailandia son los numerosos informes sobre trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso, que afecta especialmente a las mujeres y a las niñas y los niños.

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