Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 18 febrero, 1986. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 11 noviembre, 2008

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Francia

De un vistazo

En 2019, durante las repetidas protestas del movimiento de los chalecos amarillos, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet instó a las autoridades francesas a investigar el uso excesivo de la fuerza empleado por la policía desde el inicio de la crisis en noviembre de 2018. La policía francesa continúa usando la fuerza de manera desproporcionada e ilegal, haciendo uso de técnicas de detención como el placaje ventral y de armas tipo LBD-40 y granadas aturdidoras. Asimismo, las autoridades cuentan con disposiciones penales vagas y excesivamente generales para detener a manifestantes pacíficos y hacer controles de identidad discriminatorios.

Además, la policía goza de cierto grado de impunidad, puesto que no se ha establecido un organismo de supervisión plenamente independiente.

Las cárceles, y particularmente los centros de detención, están saturadas y en ocasiones muy deterioradas. En 2016, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por las condiciones materiales de los detenidos en comisarías, donde varias personas han declarado haber recibido golpes deliberados por parte de la policía.

Las personas migrantes continúan sufriendo tratos inhumanos y degradantes, especialmente en Calais, donde una orden de la prefectura prohíbe que las asociaciones sin un mandato del Estado repartan alimentos entre los migrantes.

El 24 de noviembre de 2021, al menos 27 personas murieron en el canal de la Mancha al intentar llegar a Inglaterra en barca, y a algunas personas se les ha denegado el derecho a solicitar asilo en Menton y Briançon.

El sistema judicial francés aún no aborda de manera adecuada la violencia de género ni la violencia sexual. En 2021, hubo 113 víctimas de feminicidios. La policía no remite a la fiscalía el 29% de las denuncias presentadas por futuras víctimas de feminicidios, y el 80% de las denuncias por violencia remitidas al sistema judicial se archivan sin darles seguimiento. Una de cada dos mujeres en Francia ha sufrido violencia sexual.