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Irlanda ratificó la Convención contra la Tortura en 2002 y, aunque firmó también el protocolo facultativo, aún no lo ha ratificado, lo cual es preocupante, dado el terrible legado del país en materia de privación de libertad a menores y mujeres que necesitan asistencia.

Entre las décadas de 1920 y 1990, hubo innumerables casos de malos tratos a mujeres y menores que se encontraban en instituciones estatales operadas por órdenes religiosas donde se enviaba a las embarazadas solteras para que diesen a luz. Las diferentes investigaciones realizadas han concluido que los índices de mortalidad infantil eran elevados, que las condiciones eran deficientes, que era común el maltrato físico y emocional y que eran habituales las adopciones sin el consentimiento informado de las madres. Muchas de estas mujeres siguen a la espera de reparación por los malos tratos y el trauma sufridos.

Desde 2011, el Comité contra la Tortura recomienda que se lleven a cabo investigaciones efectivas, haya procesamientos, se elaboren informes y se garantice el acceso a la justicia y la reparación en relación con estas violaciones de derechos.

Las personas solicitantes de asilo no cuentan con la protección adecuada contra las violaciones de derechos humanos, y los alojamientos que se les proporcionan están en pésimo estado. Ha habido numerosos casos de agresiones sexuales, pero las supervivientes deben hacer frente a graves barreras para acceder a la asistencia específica para víctimas de violación.

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