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Türkiye se encuentra actualmente en un coyuntura muy difícil. Tras un breve periodo en el que fue un Estado relativamente democrático, se ha convertido claramente en un régimen autoritario más de la región. El menoscabo de los valores democráticos está ilustrado por los asesinatos de periodistas, profesionales del derecho y defensores y defensoras de los derechos humanos, que se cometen de manera habitual y sin que los responsables sean puestos a disposición judicial. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el ejército disfrutan de impunidad casi total. Varios miles de civiles han sido víctimas de homicidio durante el toque de queda impuesto en las provincias del sureste del país en los últimos cinco años, sin que se haya hecho ni una sola investigación efectiva sobre ninguno de estos casos.
Además, tras el golpe de Estado fallido de 2016, el control autoritario de los derechos y libertades civiles se ha intensificado aún más. Se utiliza ampliamente la legislación antiterrorista para silenciar y reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición política. La represión que se ejerce contra los defensores y defensoras de los derechos humanos se ha vuelto endémica. Son sobre todo objeto de una intensa criminalización, en un país donde se hace amplio uso del sistema judicial contra toda forma de disidencia, por medio de procedimientos penales que violan de manera flagrante el derecho a un juicio.