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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 23 septiembre, 1997
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Arabia Saudí

De un vistazo

Aunque Arabia Saudí es Estado Parte de la Convención contra la Tortura desde 1997, el país afronta muchas dificultades para cumplir las normas de derechos humanos a las que se ha comprometido. Las autoridades continúan deteniendo, enjuiciando y recluyendo a personas defensoras de los derechos humanos por sus actividades pacíficas, en aplicación de la Ley Antiterrorista y la Ley para Combatir la Ciberdelincuencia, que penaliza la expresión en Internet de críticas a las políticas y acciones del gobierno. La mayoría de estas personas son recluidas arbitrariamente, sin cargos ni acceso a un tribunal. La OMCT denuncia a menudo casos de detención arbitraria y hostigamiento judicial de personas defensoras de los derechos humanos.

Se mantiene todavía la pena de muerte, y hay un número creciente de ejecuciones de personas condenadas por delitos drogas o terrorismo. Esta situación es aún más alarmante si se tiene en cuenta que las condenas a muerte están basadas en muchos casos en confesiones obtenidas por medio de tortura, que se admiten como prueba en los tribunales saudíes, lo que constituye una violación de las normas internacionales.

Con respecto a los derechos de las mujeres, aunque se han introducido reformas que han modificado el discriminatorio sistema de tutela masculina y suavizado las principales restricciones del derecho de las mujeres a la libertad de circulación, dicho sistema no se ha abolido totalmente y las mujeres siguen sin estar debidamente protegidas de la violencia, incluida la violencia sexual. Hay muchas denuncias de tortura o malos tratos y trata de trabajadores y trabajadoras migrantes a escala generalizada, especialmente de mujeres empleadas en el servicio doméstico, en virtud del sistema de patrocinio conocido como kafala, que otorga extraordinaria potestad a la entidad empleadora.

Las promesas de reforma formuladas por las autoridades saudíes contrastan todavía con la realidad de la situación de los derechos humanos en un país que continúa reprimiendo las opiniones discrepantes, especialmente las de las personas defensoras de los derechos humanos que demandan reformas sociales de amplio alcance. La legislación no garantiza aún derechos básicos como las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica. Todo intento de establecer un movimiento o una asociación se aplasta brutalmente. Las leyes saudíes no sólo están plagadas de imprecisos conceptos que dan amplio margen de maniobra a los tribunales, sino que, además, las que tienen por objeto combatir la delincuencia y el terrorismo se utilizan de manera indebida para criminalizar la expresión legal de toda opinión discrepante. Hay decenas de personas defensoras, blogueros y blogueras, profesionales del derecho y activistas cumpliendo largas penas de prisión por sus actividades pacíficas.

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