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Egipto tiene un problema estructural con respecto a la represión de las protestas y la disidencia en el país. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley hacen uso excesivo y desproporcionado de las fuerza contra manifestantes y disidentes, con métodos como desapariciones forzadas, detenciones masivas, tortura y malos tratos, y severas condiciones de libertad vigilada. Son frecuentes la detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que expresan pacíficamente sus opiniones. La situación en materia de detención es preocupante, pues hay numerosas denuncias de uso generalizado de la tortura y raras veces se procesa a los presuntos responsables. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la negación de las visitas familiares y de atención médica adecuada contribuyen a agravar las condiciones inhumanas de reclusión en todo el país. Las autoridades continúan deteniendo arbitrariamente a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas. Otro problema es la detención y procesamiento de personas LGBTIQ+ en razón de su orientación sexual o identidad de género reales o presuntas, que son sometidas a menudo a exámenes anales y pruebas de determinación del sexo forzados, prácticas que constituyen tortura. La OMCT lucha por que se ponga fin a todas las formas de hostigamiento, incluso en la esfera judicial, contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y pide que se deje en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente.
En los últimos años, las autoridades egipcias han empleado cada vez más tácticas represivas, como la detención prolongada en espera de juicio, la desaparición forzada y el hostigamiento judicial, para silenciar todas las voces críticas, incluso mediante investigaciones infundadas por cargos relacionados con la seguridad nacional.