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México
06.10.22
Blog

Ayotzinapa: la búsqueda de verdad y justicia persiste a 8 años

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos durante una protesta pidiendo una adecuada investigación @Centro Prodh

Se cumplen ocho años desde que ocurrieron los trágicos hechos de aquél 26 de septiembre del 2014, en el que 43 estudiantes que estudiaban para ser maestros rurales en la escuela de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, fueron desaparecidos de manera forzada (6 personas más perdieron la vida y varias más resultaron heridos). Son casi tres mil días desde que sus familias les buscan y exigen conocer su paradero, sin que a la fecha tengan verdad y justicia.

Desde que ocurrió la desaparición de los jóvenes, sus madres y padres, que provienen de algunas de las regiones más pobres del país, salieron en su búsqueda, encontrando en su exigencia la indolencia de las autoridades, pero también la solidaridad de diversos actores nacionales e internacionales. Así, ante la negligencia estatal, y junto con las organizaciones que les acompañamos, impulsaron de manera insólita la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales del 2014.

El GIEI, compuesto por expertas y expertos independientes internacionales, permitió evidenciar las múltiples omisiones e irregularidades de la investigación a cargo de la Fiscalía y dar algunos pasos hacia la verdad: esa noche los estudiantes fueron objeto de un operativo de violencia desmedida que involucró a autoridades de diversos niveles -incluyendo federales-, así como militares, que actuando en conjunto con el crimen organizado, buscaban frenar el tránsito de los camiones en los que viajaban los estudiantes, pues éstos (sin que los jóvenes lo supieran) estarían involucrados con el trasiego de droga que opera en la región con la complicidad estatal.

Se confirmó que la desaparición forzada de 43 estudiantes fue un crimen de Estado

Así la persistencia de las familias logró, que pese a los intentos de cerrar el caso (con una versión de los hechos que fue construida bajo tortura y otras irregularidades) y la constante criminalización que vivieron de anteriores gobiernos, la investigación continuara abierta.

Con la llegada del nuevo gobierno en diciembre de 2018, se creó una Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia (COVAJ), con participación de autoridades de gobierno, las familias de las víctimas, sus representantes legales y los expertos y expertas del GIEI. De igual forma se creó una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), quien se encuentra a cargo de la investigación penal. Este modelo de coordinación institucional, buscaba revertir los múltiples obstáculos que ha enfrentado el caso y abrir una oportunidad para acercar la verdad y la justicia a las víctimas.

Desde entonces, han habido avances importantes, por un lado, tan solo el mes pasado, la COVAJ dio a conocer datos sobre la responsabilidad militar en los hechos de desaparición forzada y confirmó que la desaparición forzada de 43 estudiantes fue un crimen de Estado. Por otro lado, se logró la identificación de los restos correspondientes a dos estudiantes en un lugar distinto a la supuesta escena del crimen descrita en la investigación original, confirmando nuevamente la falsedad de la teoría del caso inicialmente presentada al público por el anterior Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Hay más de 105.000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México

No obstante, pese a estos avances, aún existe un importante obstáculo: las Fuerzas Armadas han sido resistentes a entregar información valiosa y que da cuenta que esta institución castrense monitoreó durante todo el tiempo a los estudiantes desde su desaparición. Por otro lado, la Fiscalía General de la República no ha logrado revertir inercias institucionales, ha realizado acusaciones deficientes en contra de perpetradores de alto nivel, ha solicitado la cancelación de algunas órdenes de aprehensión e incluso el Fiscal General, ha tenido una indebida injerencia en el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Preocupantemente, el 27 de septiembre del 2022, el titular de esta Unidad Especial, a quien los familiares de las víctimas y los representantes legales del caso le habían depositado confianza por su trabajo realizado durante los últimos 3 años, renunció a su cargo.

Sumado a lo anterior, recientemente se ha dado a conocer nueva información: por un lado, la COVAJ presentó un informe en el que nuevamente da cuenta de las múltiples obstrucciones a la justicia en la anterior administración y también revela información de quiénes habrían participado y dado órdenes esa noche, información que como lo solicitaron las familias, aún está sujeta a verificación por parte del GIEI para conocer su fiabilidad. Además, se han llevado a cabo nuevas detenciones de alto nivel, como la del ex-Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam en agosto de 2022, por su papel en construir la falsa “verdad histórica” del caso. No obstante, estas acciones aún deben fortalecerse y acompañarse de pruebas sólidas y atendiendo el debido proceso, solo así podrán significar oportunidades frente al acceso a la verdad y la justicia.

El caso Ayotzinapa evidenció el nivel de crisis en materia de desaparición que lamentablemente continúa en el país y hoy se refleja en las más de 105.000 personas desaparecidas registradas oficialmente. Evidenció también el grado de colusión entre instituciones estales y crimen organizado que opera en gran parte del territorio nacional, así como los enormes obstáculos que enfrentan las familias para acceder a la verdad y la justicia. Por ello, acompañar la digna exigencia por saber dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es una apuesta por atender uno de los dolores más profundos y latentes de México.

Esta entrada en el blog fue elaborada por integrantes del equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en México, quienes representan las familias de los estudiantes desaparecidos. Centro Prodh es un miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

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