«La esperanza está en el derecho a la protesta»: Personas defensoras de los derechos humanos sobre la creciente represión de las protestas
En los últimos años, el derecho a la protesta, un derecho humano fundamental reconocido universalmente, ha sido con demasiada frecuencia respondido con violencia y represión. Las fuerzas policiales de todo el mundo han abusado de las llamadas armas no letales, causando daños permanentes a las personas manifestantes. Anaïs Franquesa es directora de la organización Irídia, miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT (Cataluña, España), y Juan Pablo Fonseca es director de la ONG colombiana CIIVO (Centro Internacional de Investigación sobre Violencia Ocular) y sobreviviente de violencia ocular. Durante su estancia en Ginebra para las reuniones del Grupo de Trabajo del Consorcio Unidos Contra la Tortura sobre la tortura y otros malos tratos en el contexto de las protestas, nos hablan de algunas de las tendencias crecientes en la represión de las protestas, así como de su impacto en las víctimas.
¿Qué tendencias globales han observado en la represión de las protestas en los últimos años?
Anaïs Franquesa: Una tendencia clara es la militarización de las fuerzas policiales. Disponen de armas cada vez más potentes y cuentan con una mayor legitimación por parte de los gobiernos para utilizarlas.
Juan Pablo Fonseca: Hemos documentado un patrón sistemático en el que los cuerpos antidisturbios y los agentes que utilizan armas letales y de impacto suelen apuntar a zonas sensibles, como el rostro o los pechos, provocando daños mucho mayores de los que se reconocen oficialmente.
AF: Otra tendencia es la criminalización del ejercicio legítimo de la protesta. Las fuerzas policiales no consideran las protestas como un derecho fundamental, sino como una amenaza. Hemos visto restricciones, sanciones e incluso encarcelamientos vinculados a manifestaciones. También existe una vigilancia cada vez mayor de las personas manifestantes, que incluye grabaciones sistemáticas y, en algunos países, reconocimiento facial, lo que aumenta los riesgos de elaboración de perfiles y criminalización.
¿Cuáles son los impactos y consecuencias para las víctimas y sobrevivientes del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía?
AF: Se produce una ruptura de la confianza cuando quienes se supone que deben protegerte se convierten en quienes te agreden. Las víctimas suelen sufrir daños permanentes y después enfrentan una revictimización constante a través de la impunidad, los encubrimientos y procedimientos judiciales que duran años. La persona ve que el Estado la lesiona, no reconoce el daño causado y dificulta la rendición de cuentas.
JPF: Más allá de la lesión física, las víctimas comienzan una carrera emocional para reconstruir sus vidas. Las consecuencias incluyen la pérdida del empleo, interrupciones en la educación, cambios en las relaciones familiares y sociales, falta de acceso a la atención sanitaria y a la rehabilitación, así como impactos psicológicos a largo plazo. La violencia no termina en el momento de la lesión; por el contrario, las víctimas enfrentan consecuencias continuas mientras a menudo carecen de reparación y apoyo.
¿Cuáles son los principales obstáculos para la rendición de cuentas y la reparación?
AF: Observamos retrocesos a la hora de identificar a los agentes, lo que dificulta las investigaciones y la rendición de cuentas. Los casos de violencia policial y tortura en protestas no se investigan adecuadamente. Muchos terminan prematuramente. Los mecanismos internos de la policía suelen fallar, y la responsabilidad de impulsar la investigación recae en gran medida sobre las víctimas y sus abogados.
JPF: Uno de los problemas centrales que enfrentamos es la clasificación del delito. Las lesiones graves suelen identificarse como lesiones personales o incidentes, en lugar de tortura. Las reparaciones también son insuficientes. La compensación económica por sí sola no puede restaurar un daño que dura toda la vida. Las víctimas requieren apoyo médico, psicosocial e institucional a largo plazo, así como garantías de que esto no volverá a suceder.
¿Cómo pueden revertirse estas tendencias y qué medidas deberían implementar los Estados para proteger a las personas manifestantes de la tortura?
AF: Los Estados deben adoptar una política de tolerancia cero frente a la tortura y los malos tratos, fortalecer los mecanismos internos de rendición de cuentas, mejorar la supervisión externa de los casos por parte de jueces y juezas, y también establecer organismos de investigación independientes con la experiencia y los recursos necesarios para investigar la violencia policial.
JPF: La formación en derechos humanos para las fuerzas antidisturbios también es importante, al igual que la evaluación independiente de las armas y del uso de la fuerza. Los Estados deberían examinar los impactos a largo plazo de estas armas y garantizar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas respecto a cómo se adquieren y utilizan.
AF: En relación con esto, los Estados deberían apoyar la elaboración y adopción de un tratado internacional sobre comercio libre de instrumentos de tortura.
¿Dónde encuentran esperanza en su activismo?
AF: La esperanza está en el derecho a la protesta. Se encuentra en la sociedad civil y en los medios de comunicación, y en su capacidad para monitorear las protestas, denunciar casos de tortura y malos tratos e impulsar a las instituciones a cumplir con sus responsabilidades. El derecho a la protesta es esencial porque permite la defensa de todos los demás derechos.
JPF: La esperanza es esencial para vivir y no simplemente para sobrevivir.
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