Américas: La seguridad no puede ir en detrimento de los derechos
En las Américas, el avance de las políticas de securitización y militarización pone en riesgo los derechos humanos y debilita el acceso a la justicia. Bajo el argumento de combatir la violencia y el crimen organizado, medidas cada vez más restrictivas amenazan con reducir el espacio cívico, criminalizar a quienes defienden los derechos humanos y erosionar el Estado de derecho.
Esta tendencia ya se refleja en varios países:
- Colombia: narrativas cada vez más agresivas en nombre de la seguridad.
- Ecuador: políticas penitenciarias restrictivas y militarización de las cárceles.
- Honduras: desplazamientos masivos, dirigidos por las fuerzas de seguridad, contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
- Nicaragua: represión transnacional contra personas defensoras.
- Venezuela: persistencia en restricciones a la labor de defensa y al espacio cívico.
En este contexto, resulta especialmente relevante reconocer el papel de quienes, pese a los riesgos, continúan defendiendo derechos y exigiendo justicia. Las mujeres buscadoras en México son un ejemplo contundente de ello. Su labor fundamental para enfrentar la crisis de desapariciones sigue desarrollándose en un entorno marcado por amenazas, violencia y desprotección, una situación que ha llevado a expertos de la ONU a reiterar la urgencia de adoptar medidas efectivas para garantizar su seguridad.
Los hechos que presentamos en el boletín de este mes recuerdan una realidad compartida en la región: la seguridad no puede construirse a costa de los derechos humanos. Por el contrario, la protección de las libertades fundamentales, el acceso a la justicia y la participación activa de la sociedad son condiciones indispensables para alcanzar una seguridad ciudadana y sostenible. En tiempos de crecientes desafíos democráticos, seguir documentando, denunciando y acompañando estas situaciones continúa siendo una tarea esencial.