Colombia: Brutal represión de la protesta social

Ginebra, 04 de mayo de 2021

En el marco de las jornadas de movilización iniciadas el 28 de abril de 2021 para protestar contra un proyecto de reforma tributaria que aumentaba los impuestos sobre la renta y productos básicos de un sector amplio de la población colombiana, profundamente afectado por la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido con suma preocupación informaciones que indican la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de todo el país.

Según las últimas cifras de la Campaña Defender la Libertad[1], se habrían producido al menos 18 ejecuciones extrajudiciales, habría 305 heridos, 23 con lesiones oculares, 11 personas habrían denunciado violencia basada en el género y 988 personas habrían sido detenidas por parte de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército. Sin embargo, estas cifras podrían ser mucho más elevadas, dadas las dificultades y agresiones que están enfrentando las organizaciones de la sociedad civil y comunicadores en sus tareas de observación de las acciones de protesta y las cifras, así como la falta de cifras oficiales que registren las muertes y violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de forma sistemática y desagregada.

Un número muy importante de estas muertes se habría registrado en las protestas que han tenido lugar en la ciudad de Cali, particularmente en los sectores populares. Las organizaciones de derechos humanos recibieron, hasta ayer, 14 reportes de personas que fallecieron en el contexto de las protestas, siete de las cuales habrían ya sido confirmadas, entre ellos, se contabilizan dos menores que fallecieron el 28 de abril a causa del impacto de balas disparadas por la Policía Nacional. Solo en Cali, las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 600 detenciones arbitrarias y 8 personas con lesiones oculares.

También se han contabilizado muertes ocasionadas por el impacto de armas de fuego disparadas por los cuerpos de seguridad en Bogotá, Ibagué, Madrid, Medellín, entre otras ciudades.

Durante las protestas, se ha reportado el uso desproporcionado e indiscriminado de armas letales y menos letales en todo el país. Una multitud de materiales fotográficos y audiovisuales muestran el actuar brutal de los cuerpos de seguridad, incluyendo agentes de la Policía Nacional, ESMAD y el Ejército, quienes en flagrante contravención de los estándares internacionales y de los protocolos internos usan armas letales contra protestantes y transeúntes indefensos. En la ciudad de Cali, la noche del 3 al 4 de mayo, la policía y el Ejército utilizaron armas largas contra manifestantes, provocando un número todavía indeterminado de muertos y heridos.

Un número muy importante de estas muertes se habría registrado en las protestas que han tenido lugar en la ciudad de Cali, particularmente en los sectores populares. Las organizaciones de derechos humanos recibieron, hasta el 4 de mayo, 14 reportes de personas que fallecieron en el contexto de las protestas, siete de las cuales habrían ya sido confirmadas, entre ellos, se contabilizan dos menores que fallecieron el 28 de abril a causa del impacto de balas disparadas por la Policía Nacional. Solo en Cali, las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 600 detenciones arbitrarias y 8 personas con lesiones oculares.

También se han contabilizado muertes ocasionadas por el impacto de armas de fuego disparadas por los cuerpos de seguridad en Bogotá, Ibagué, Madrid, Medellín, entre otras ciudades.

Durante las protestas, se ha reportado el uso desproporcionado e indiscriminado de armas letales y menos letales en todo el país. Una multitud de materiales fotográficos y audiovisuales muestran el actuar brutal de los cuerpos de seguridad, particularmente del ESMAD, quienes en flagrante contravención de los estándares internacionales y de los protocolos internos usan armas letales contra protestantes y transeúntes indefensos. En la ciudad de Cali, la noche del 3 al 4 de mayo, la policía y el Ejército utilizaron armas largas contra manifestantes, provocando un número todavía indeterminado de muertos y heridos.

También se ha denunciado el uso generalizado de balas de gas lacrimógeno y aturdidoras proyectados directamente contra los manifestantes, causando graves lesiones y fracturas en las partes superiores del cuerpo y la cara, así como el uso de tanquetas para arrollar a los protestantes. A lo largo de las protestas, se han producido al menos 42 ataques a personas defensoras de derechos humanos y numerosas agresiones a periodistas. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hasta el 1 de mayo se habrían producido al menos 33 agresiones contra periodistas, incluyendo dos detenciones arbitrarias, 13 agresiones físicas, así como insultos y estigmatización por parte de las autoridades. Asimismo, el 3 de mayo, el equipo de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, recibió amenazas y agresiones por parte de la policía mientras monitoreaba la situación de derechos humanos en Cali mientras acompañaba una Misión de Verificación integrada por seis organizaciones y entidades defensoras de los derechos humanos[2]. La Misión de Verificación fue amenazada por la fuerza pública y atacada con armas de fuego y aturdidoras por parte de la policía y el ESMAD. Una segunda comisión de esta Misión de Verificación tuvo que permanecer refugiada en una casa particular la noche del 3 de mayo tras recibir disparos de la Policía Nacional.

El 2 de mayo, el Presidente Iván Duque anunció la aplicación de la figura de asistencia militar[3] en el país en el marco de las movilizaciones, con el Ejército desplegándose en varios puntos del país. En este marco, los cuerpos de seguridad, incluyendo fuerzas civiles y militares, han contravenido los estándares internacionales en la materia, así como las leyes y procedimientos internos que regulan el uso de la fuerza en el marco de protestas, incluyendo lo ordenado por la Corte Suprema en septiembre de 2020 en el fallo que protege el derecho a la protesta y urge a frenar el actuar violento y arbitrario de la fuerza pública. Aparte del uso ilegal e ilegítimo de la fuerza, se han documentado agentes de la Policía y del ESMAD agrediendo verbalmente a las personas manifestantes, siguiéndolas, llevando a cabo allanamientos sin orden judicial, actuando sin llevar o ocultando su identificación, así como hurtando elementos personales de las personas detenidas. Las organizaciones de derechos humanos también han alertado sobre la participación de personas y grupos armados de carácter parapolicial que estarían agrediendo a manifestantes y transeúntes.

Asimismo, muchas de las personas están siendo detenidas de forma arbitraria, usando figuras como el “traslado por protección” o “traslado por procedimiento policivo” (cuyo uso en este contexto ha sido declarado ilegal en ocasiones anteriores[4]) y llevadas a estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). También hay un número significativo de personas a quienes se les imputan cargos de “terrorismo” y “tenencia o fabricación de sustancias peligrosas”, entre otros. Muchas de las personas detenidas han reportado haber sido agredidas física y mentalmente durante la aprehensión y el traslado a comisarías y URI, incluyendo varios casos de violencia sexual. Las personas detenidas las dejan incomunicadas por tiempos superiores a 12-15 horas, negando la comunicación con sus abogados y familiares. Entre las personas que habrían sido detenidas, al menos 80 de ellas se encontraban desaparecidas a fecha de 3 de mayo; sin embargo, el número exacto podría ser más elevado.

Este patrón de violencia desmedida y generalizada contra las personas que se manifiestan y transeúntes en el marco del Paro Nacional revela graves violaciones a los derechos humanos, en particular del derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, el derecho de reunión pacífica, y el derecho a la libertad y a la seguridad. Tal y como la OMCT ha destacado en un informe reciente, con la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT), sobre el uso excesivo de la fuerza en Colombia y en un informe publicado en marzo de 2021 sobre el uso de la fuerza al margen de la detención como una forma de tortura y otros malos tratos, conductas violentas como las que se están documentando en el marco de las protestas en Colombia denotan una intención deliberada de generar sufrimiento a personas indefensas, lo que puede constituir una forma agravada de malos tratos equivalentes a tortura.

La OMCT subraya que estos hechos de violencia policial que se están viviendo en Colombia desde el 28 de abril de 2021 forman parte de las dinámicas represivas aplicadas por la presidencia de Iván Duque y sus predecesores ante el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, y que emanan de una concepción de la ciudadanía basada en la lógica bélica del enemigo interno y su consecuente estigmatización del movimiento social y de derechos humanos.

En este contexto, es fundamental que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas para garantizar y facilitar el derecho de reunión pacífica en las jornadas de protestas convocadas para los próximos días, incluyendo la protección y salvaguarda de la integridad física y psicológica de las personas que se manifiestan, y la atención médica de urgencia que sea requerida. La OMCT hace un llamado particular a todos los cuerpos de seguridad a quienes urgimos de forma inmediata a no usar la fuerza letal en ninguna circunstancia, excepto cuando hay un peligro inminente para la vida. Como indicó el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, “solo la protección de la vida puede cumplir el requisito de la proporcionalidad cuando se utiliza una fuerza letal intencionalmente, y solo la protección de la vida puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”[5].

Asimismo, urge implementar las medidas necesarias para garantizar el monitoreo seguro de las protestas por parte de las personas defensoras de derechos humanos, así como el derecho de periodistas y comunicadores a ejercer su derecho a la libertad de expresión para informar a la población colombiana sin temor a ser sometidos a ataques o acciones intimidatorias. Finalmente, hacemos un llamado a crear una comisión independiente con apoyo técnico internacional para investigar sin dilaciones todos los hechos de violencia, uso indiscriminado de la fuerza, violencia sexual y privación arbitraria de la libertad con tal de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley.

[1]La Campaña Defender la Libertad es una red de 27 organizaciones que trabajan para denunciar detenciones arbitrarias, hostigamiento judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

[2] La Misión de Verificación está integrada por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Fuentes, el Comité de Solidaridad con los presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, la Central Unitaria de Trabajadores, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali y la Defensoría del Pueblo.

[3] Ley 1801 de 2016.

[4] Ver Informe OMCT con Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT), “Protestas sociales y uso excesivo de la fuerza en Colombia: un análisis desde la lente de la prohibición de la tortura” para informaciones más amplias sobre la figura del traslado por protección.

[5] Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 1 de abril de 2014, A/HRC/26/36, párr. 72. Ver también, Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general 36, 2019, CCPR/C/GC/36.