Ecuador: Exigimos un alto a la masacre carcelaria latente perpetuada por el Estado ecuatoriano en la Penitenciaría del Litoral

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) advirtió en agosto de 2025 que 390 personas privadas de libertad de la Penitenciaría habían muerto a causa de problemas de salud y de alimentación entre enero y agosto del año 20251; sus cuerpos fueron encontrados en estados deplorables, siendo julio y agosto los meses con mayor número de fallecimientos, con un promedio de 81 muertes al mes.

Hasta la fecha, el número de muertes en la Penitenciaría del Litoral se ha elevado a 590 solo en lo que va del año 2025; es decir, entre septiembre, octubre y parte de noviembre se registraron 200 muertes adicionales. Según fuentes del Servicio de Medicina Legal en Guayaquil, cada semana llegan entre 25 y 30 cadáveres provenientes de la Penitenciaría del Litoral en su mayoría con síntomas de desnutrición crónica y enfermedad de tuberculosis avanzada.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya advirtió en sus observaciones finales de 2024 que en Ecuador persisten prácticas de trato cruel, inhumano y degradante dentro de los centros de detención, señalando deficiencias graves en el acceso a alimentación adecuada, atención médica, medicinas y condiciones higiénicas básicas. El Comité expresó preocupación por el creciente número de muertes bajo custodia estatal y recordó que la responsabilidad internacional del Estado se activa frente a cualquier fallecimiento ocurrido mientras una persona está detenida.

Desde la declaratoria de “zonas de seguridad” en los centros penitenciarios, medida que legitimó la movilización de las Fuerzas Armadas para el control interno y externo bajo el supuesto de un conflicto armado interno, la crisis de seguridad en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N°1 se ha intensificado de manera significativa. Desde la entrada en vigor de esta medida, el CPL Guayas N°1 ha permanecido bajo ocupación militar continua, lo que ha generado, de facto, un desplazamiento de la gestión penitenciaria que corresponde al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), órgano que posee competencia técnica y administrativa para gestionar el sistema penitenciario.

Este desplazamiento ha generado serios obstáculos en el acceso a la alimentación, la atención en salud y los programas de rehabilitación de las personas privadas de libertad, debido a que los militares no cuentan con la formación ni la capacitación necesaria para asumir estas funciones. A ello se suma la suspensión total de las actividades de la política pública de rehabilitación y en general de las actividades que podían realizar las personas privadas de libertad, entre otros efectos negativos, que agravan la crisis humanitaria en este centro penitenciario.

La grave situación del CPL Guayas N°1 ha sido denunciada de manera constante y persistente, pese a los riesgos de persecución y hostigamiento derivados de la labor de defensa de los derechos humanos.

Se ha constatado que la crisis penitenciaria se ha profundizado y escalado. En este contexto, se pone nuevamente en conocimiento del Comité contra la Tortura de la ONU, la situación crítica de las personas privadas de libertad en el CPL Guayas N°1 y la evolución de dicha crisis durante el periodo de implementación de las últimas recomendaciones del CAT.

La evolución de la crisis sanitaria en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N°1 evidencia un patrón persistente de negligencia estructural y ausencia de medidas efectivas frente a la tuberculosis y otras patologías graves, constituyendo un riesgo inminente para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Desde los primeros reportajes de agosto de 2024, se advirtió sobre la presencia de infecciones y la necesidad de reanudar las visitas bajo protocolos de seguridad sanitaria. Sin embargo, durante los meses siguientes, la situación se agravó progresivamente.

Las organizaciones de derechos humanos firmantes exigimos un alto a la masacre perpetrada por el

Estado ecuatoriano en la Penitenciaría del Litoral y demandamos:

• A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acepte las medidas cautelares solicitadas en febrero de 2025, cuando se habían registrado 130 muertes de personas privadas de libertad en el 2024 según la Fiscalía General del Estado. Cada día que se demora el análisis de un riesgo evidente, el número de muertos aumenta.
• A la Corte Constitucional del Ecuador, que suspenda de manera provisional el artículo 4 del Decreto 218 en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada pendiente de admisión a trámite. El artículo impugnado dispone el desplazamiento administrativo del SNAI en el CPL Guayas N.° 1 y lo entrega a las Fuerzas Armadas sin planificación previa.
• Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a sus procedimientos especiales, que emitan una alerta urgente al Estado ecuatoriano sobre las condiciones inhumanas de detención que padecen las personas privadas de libertad en la Penitenciaría de Guayaquil.
• A la Defensoría del Pueblo, que active los mecanismos necesarios para detener la masacre que se está perpetrando en las cárceles de Guayaquil e informe urgentemente al Subcomité contra la Tortura los incumplimientos de las obligaciones internacionales en materia de protección a personas privadas de libertad.
• Al Gobierno Nacional, a través de la coordinación con de las instituciones competentes, que de forma inmediata implemente acciones urgentes que se orienten a garantizar la salud y la vida de las personas privadas de libertad en el CPL Guayas N.° 1.

Permitir que las personas mueran bajo custodia del Estado, de la forma en la que el Estado lo está haciendo, equivale a cometer ejecuciones extrajudiciales y, por lo tanto, graves violaciones de derechos humanos

Organizaciones que suscriben:

1. Acción Ecológica (Ecuador)
2. Alianza Contra las Prisiones – Ecuador (Ecuador)
3. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador (Ecuador)
4. ALDEA – Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Ecuador)
5. Amazon Frontlines (Ecuador)
6. Amazon Watch (Ecuador)
7. Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte (APT) (Ecuador)
8. Fundación Bolena (Ecuador)
9. CDH – Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador)
10. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)
11. Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) (Venezuela)
12. Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) (Honduras)
13. Colectiva de Antropólogas del Ecuador (Ecuador)
14. Colectivo Geografía Crítica del Ecuador (Ecuador)
15. Comité de Familiares por una Vida Digna (Ecuador)
16. Corredores Migratorios (Ecuador)
17. CSPP – Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Colombia)
18. Documenta AC (México)
19. Fundación Alejandro Labaka (Ecuador)
20. INREDH – Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Ecuador)
21. Centro de Etnografía Disciplinaria Kaleidos (Ecuador)
22. Las Comadres – Red de Acompañamiento (Ecuador)
23. OMASNE (Ecuador)
    
24. Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
25. Sukina – Oficina Regional y Penitenciaria (Ecuador)
26. Sociedad de profesionales por la Dignidad y Justicia (Guatemala)
27. UDEFEGUA – Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Guatemala)
28. YASunidos (Ecuador)
29. Aktitú (Ecuador)
30. Xumek (Argentina)