Guatemala: La resistencia pacífica a la minería ilegal bajo sitio
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO - EL OBSERVATORIO / UDEFEGUA / CALDH / IM-DEFENSORAS / GRUPO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y TORTURA
Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 4 de noviembre de 2021 – Tras más de una semana de violencia policial y vulneraciones al derecho a la protesta de la población Maya Q’eqchi’ de El Estor, el Observatorio (OMCT-FIDH), UDEFEGUA, CALDH, IM-Defensoras y el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura urgen a las autoridades a poner fin inmediato a la declaración del estado de sitio en este municipio de Izabal y a garantizar el ejercicio de la defensa del medioambiente.
El 24 de octubre de 2021, el Gobierno de Guatemala declaró mediante Decreto 9-2021 el estado de sitio en El Estor, departamento de Izabal, abriendo la puerta a la militarización del territorio y a restricciones indebidas al derecho a la protesta pacífica de la población Maya Q’eqchi de este municipio.
Efectivamente, tras la declaración, ratificada tres días más tarde por el Congreso, el Ejército de Guatemala movilizó a 500 soldados, quienes con 350 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), se desplazaron hacia El Estor para asegurar el fin de la movilización pacífica de las comunidades del municipio contra las actividades de la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Desde el 4 de octubre de 2021, se habían establecido en el municipio cuatro campamentos pacíficos bajo el liderazgo del Consejo Maya Q’eqchi’ de El Estor que tenían por objetivo impedir la entrada de suministro de carbón a la mina “Fénix”. Tras 17 días de resistencia pacífica, efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaron de manera violenta los campamentos para facilitar la entrada de los camiones.
De acuerdo con la Misión de Observancia y Verificación llevada a cabo por la Convergencia por los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad hicieron un uso injustificado y desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes y la población, destacando el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. Se documentaron, además, agresiones y restricciones a la libertad de información de periodistas que se encontraban en la zona. Cuatro comunicadores de Prensa Comunitaria fueron agredidos por las fuerzas especiales de la PNC para evitar que documentaran el desalojo. A dos de ellos les confiscaron su equipo de trabajo y a otros dos les allanaron sus viviendas en la comunidad. Hubo asimismo vigilancia y allanamientos a las casas de 12 personas defensoras de derechos humanos de El Estor por parte del Ejército, la PNC y miembros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, durante los cuales se cometieron abusos físicos y psicológicos contra niñas y niños. En un allanamiento el 27 de octubre, la PNC arrestó de manera arbitraria al defensor de derechos humanos Eduardo Bin Poou con una orden de captura emitida el 15 de agosto de 2017 por un caso de criminalización por el que goza de medidas sustitutivas a la detención. Fue puesto en libertad al día siguiente.
Posteriormente al desalojo, se declaró el estado de sitio y un toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana en el municipio por un período de 30 días. El Gobierno de Guatemala, además, acusó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de “malinformar” a la población, tras la publicación de un comunicado de la PDH denunciando el uso excesivo de la fuerza ejercido en el desalojo y exigiendo el respeto del derecho a una consulta previa.
Las organizaciones firmantes destacan que el proyecto minero “Fénix”, operado por CGN, fue implantado en el territorio sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, violando así sus derechos colectivos, tal y como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2020. Además, en julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad suspendió la licencia de explotación a la minera CGN y ordenó llevar a cabo un proceso de consulta con las poblaciones indígenas afectadas en los 18 meses posteriores a la emisión de la sentencia. El Ministerio de Energía y Minas ha excluido a las comunidades indígenas del proceso de consulta y, mientras tanto, la empresa minera ha seguido operando ilegalmente, provocando afectaciones medioambientales al lago de Izabal. El incumplimiento de la legislación en materia de los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades de Guatemala ha cronificado el conflicto entre la empresa minera y las comunidades de El Estor, derivando en un buen número desalojos y acciones violentas, entre las que destacan el asesinato del líder comunitario Adolfo Ich Chamán en 2009, la violación sexual de mujeres Maya Q’eqchi’ del Lote 8 en 2007, el asesinato de Carlos Maaz Coc en mayo de 2017 y en la detención arbitraria, criminalización y de personas defensoras de derechos humanos.
Ante estos hechos, el Observatorio, UDEFEGUA, CALDH, el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura e IM-Defensoras urgen a las autoridades a revocar de manera inmediata el estado de sitio y a investigar de forma exhaustiva todos los casos de uso excesivo de la fuerza arriba mencionados. Las organizaciones firmantes exhortan al Estado de Guatemala a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana y proceder a la retirada de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad ciudadana, tal y como recomendó el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en 2018.
El Observatorio, UDEFEGUA, CALDH, el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura e IM-Defensoras urgen al Estado de Guatemala a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y a poner fin a la criminalización y persecución de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente frente a las actividades de industrias extractivas que operan ilegalmente en el país.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organizaciónque proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos enGuatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para lageneración de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos.La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) es una organización de Derechos Humanos que ejerce la acción política autónoma valorando, construyendo e integrando los saberes, luchas y memorias de los pueblos y comunidades mayas, mujeres, juventudes y en alianza impulsa y acompaña procesos de rebeldías y resistencias por la emancipación de las opresiones racistas, clasistas y patriarcales, por la justicia histórica, la recuperación de la memoria, la resignificación de la historia y la defensa del cuerpo-tierra-territorio construyendo vidas libres de violencias.
El Grupo de Trabajo Temático sobre Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina establecido en mayo de 2020 y conformada por 10 personas expertas en tortura y/o derechos de los pueblos indígenas, procedentes de 7 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), es una iniciativa dirigida a visibilizar los actos de violencia y persecución que constituyen tortura y otros malos tratos y sus impactos y consecuencias específicas para la población indígena, así como a promover acciones colectivas comunes para la incidencia, protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) es una alianza local y regional de diversas defensoras de derechos humanos, organizaciones y redes, cuya misión es impulsar estrategias de Protección Integral Feminista (PIF) que sustenten las luchas y el trabajo de las defensoras de derechos humanos mesoamericanas para defender los derechos humanos en condiciones de seguridad, bienestar, liderazgo y autonomía.