Colombia: Organizaciones internacionales piden a la Cámara de Apelaciones reactivar la investigación para hacer justicia a las 6402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales
Noviembre 04 de 2025 - Las organizaciones no gubernamentales internacionales y argentinas firmantes solicitamos que no sea archivada la querella interpuesta por organizaciones de derechos humanos y víctimas colombianas, quienes buscan que se esclarezca la responsabilidad del expresidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, en la comisión de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su mandato.
Respaldamos la apelación realizada por querellantes a la decisión del Juez Federal Número Dos de Argentina, Sebastián Ramos quien, tras casi dos años de estudio preliminar, notificó el archivo de la querella radicada en noviembre de 2023.
La querella fue interpuesta por 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Las querellantes están representadas por Máximo Castex, abogado argentino, y asesoradas por el abogado internacional Bénédict De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos.
No es la primera vez que, en la Jurisdicción Universal, se intenta cerrar el caso antes del inicio formal de la investigación. Esto también ocurrió en las investigaciones por los crímenes (i) del Franquismo, (ii) contra la población de la comunidad Rohingya en Myanmar y (iii) contra la población Uygur en China. En cada uno de estos casos emblemáticos, el archivo fue revocado y se dio continuidad al proceso judicial.
Vemos con preocupación la falta de mecanismos de investigación colombiana puntualmente relacionados al juzgamiento de ex presidentes de la República. Ejemplo de esto es que la Comisión Legal de Investigación y Acusación del Congreso de Colombia, un órgano legislativo y no judicial, tiene la competencia pero no ha llevado a ningún mandatario a juicio. La falta de decisiones concretas en materia judicial suponen un riesgo a la impunidad en los asesinatos de personas civiles.
Como deber de la comunidad internacional, es necesario atender a la garantía de los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Sin un proceso judicial que responda a estándares internacionales, no podemos asegurar que quede satisfecho el derecho a la justicia y la verdad.
Por ello, instamos a la Cámara de Apelaciones de Argentina a que acoja el mandato que le compete dentro de la jurisdicción universal para que los crímenes de lesa humanidad sean investigados, juzgados y sancionados de manera eficiente.
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- European Center for Constitutional and Human Rights
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)