Honduras : Carta a las Instituciones Europeas: A diez años del asesinato de Berta Cáceres: las conclusiones del GIEI deben marcar un punto de inflexión para la Unión Europea.

Las conclusiones del GIEI muestran que los riesgos que enfrentaban Berta Cáceres y las comunidades organizadas en el COPINH eran conocidos, previsibles y prevenibles. El informe evidencia cómo intereses empresariales, fallas institucionales y omisiones estatales contribuyeron a crear las condiciones que hicieron posible el crimen. Asimismo, plantea hallazgos fundamentales sobre el papel desempeñado por los actores financieros que respaldaron el proyecto a pesar de las reiteradas denuncias de conflictividad social, violencia y vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. 

Uno de los financiadores internacionales principales del proyecto Agua Zarca fue FMO, banco de desarrollo neerlandés, cuya propiedad es mayoritariamente pública y cuyo accionista principal es el Estado de los Países Bajos. Los hallazgos del GIEI ponen de manifiesto serias negligencias y deficiencias gravísimas en los procesos de debida diligencia aplicados antes y durante su participación en el proyecto. En concreto, el informe demuestra que un 67% de los fondos desembolsados por FMO para el proyecto fueron desviados para fines ilícitos, incluyendo el pago de los sicarios de Berta Cáceres. Para las comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos, las respuestas y medidas adoptadas hasta la fecha por el Banco no han sido suficientes en términos de rendición de cuentas, reparación integral y garantías efectivas de no repetición. 

El caso de Berta Cáceres se ha convertido en un ejemplo emblemático de los riesgos asociados a proyectos de infraestructura financiados desde Europa, sin mecanismos adecuados para identificar, prevenir y mitigar impactos sobre los derechos humanos. Demuestra además las limitaciones de sistemas de salvaguardas que resultan insuficientes para operar en contextos marcados por violencia estructural, conflicitvidad social, criminalización de personas defensoras, corrupción, debilidad institucional y falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

 Estas preocupaciones adquieren hoy una relevancia particular en el marco de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. La UE presenta esta iniciativa como una estrategia de inversiones basada en valores, orientada a promover el desarrollo sostenible y la transición ecológica. Sin embargo, la implementación de Global Gateway depende en gran medida de una amplia red de bancos de desarrollo (entre ellos, el FMO), instituciones financieras y empresas privadas cuyos estándares y mecanismos de debida diligencia difieren significativamente entre sí. 

Al día de hoy, no existe un marco único, vinculante y estandarizado de debida diligencia aplicable a todos los proyectos Global Gateway, por lo que en la práctica, la identificación, prevención y mitigación de riesgos, así como los procedimientos de participación y de consulta previa quedan en las manos de las instituciones financieras y empresas involucradas. A ello se suma la falta de transparencia en torno a las negociaciones contractuales, la planificación de proyectos y los mecanismos de monitoreo, lo que limita la capacidad de las comunidades afectadas, la sociedad civil y otros actores públicos de ejercer un seguimiento efectivo. Esta situación genera importantes vacíos de supervisión y rendición de cuentas, y aumenta el riesgo de que proyectos apoyados por la Unión Europea reproduzcan patrones de actuación que, como en el caso de Berta Cáceres han contribuido a graves violaciones de derechos humanos. 

Las lecciones de este caso son directamente relevantes para el futuro de Global Gateway. El asesinato de Berta Cáceres no fue únicamente una tragedia para su familia y su comunidad, sino también una advertencia para la comunidad internacional. La Unión Europea no puede aspirar a promover una estrategia de inversiones basada en derechos si la protección de las comunidades y de las personas defensoras de derechos humanos continúa dependiendo de mecanismos fragmentados, heterogéneos y, en gran medida, autorregulados. 

A diez años de su asesinato, la justicia para Berta Cáceres sigue siendo incompleta. La plena rendición de cuentas requiere no solo el juzgamiento de todas las personas responsables del crimen, sino también medidas efectivas de reparación para las comunidades afectadas y reformas estructurales que permitan evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Solo mediante estos avances será posible garantizar que las lecciones de este caso se traduzcan en cambios concretos para la protección de los derechos humanos en el contexto de las inversiones internacionales. 

Por ello, solicitamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros que: 

• Hagan un llamado al FMO a reconocer públicamente su responsabilidad en la facilitación de un proyecto que generó graves violaciones a los derechos humanos, al territorio y al ambiente, y a contribuir de manera sustantiva y proporcional al Fondo de Reparación “Berta Cáceres”;  
• Urjen al Estado de Honduras a implementar las recomendaciones del GIEI para asegurar el acceso a la justicia, las garantías de no repetición y de reparación; 
• Establezcan reglas vinculantes, transparentes y estandarizadas de debida diligencia en materia de derechos humanos, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas para todos los proyectos financiados en el marco de Global Gateway, incluyendo el respeto del derecho al consentimiento libre, previo e informado, e incorporando obligaciones de suspender o retirar financiamiento cuando existan riesgos graves o persistentes de violaciones, en linea con los compromisos internacionales de la UE en materia de derechos humanos. 
• Garanticen que todos los proyectos Global Gateway incluyan evaluaciones independientes de impacto en derechos humanos y medio ambiente, mecanismos efectivos de participación de las comunidades afectadas, y plena transparencia en todas sus etapas mediante la publicación de contratos, informes de monitoreo y decisiones de financiamiento; 
• Creen mecanismos independientes de supervisión, reclamación, rendición de cuentas y reparación accesibles para comunidades, organizaciones y personas defensoras afectadas por inversiones respaldadas por la UE, y adopten medidas específicas para prevenir, monitorear y responder a los riesgos que enfrentan las personas defensoras del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos en el contexto de proyectos de desarrollo e infraestructura; 
• Garanticen que las instituciones financieras de desarrollo, incluido el FMO, proporcionen mecanismos efectivos de reparación cuando sus actuaciones u omisiones hayan contribuido a generar impactos negativos sobre los derechos humanos.

Firmas

Red EU-LAT 

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos HUmanos (IM_Defensoras ) 

CNCD-11.11.11 

Pax Christi International 

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) 

Protection International Mesoamérica 

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic 

Informationsstell e Peru e.V. 

HondurasDeleg ation Alemania 

Entraide et Fraternité 

Oxfam Intermon 

Red europea Comités Oscar Romero 

Trócaire 

CIDSE 

FOEE 

Entrepueblos 

Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo - ICID 

ZeharErrefuxiatuekin 

Reds – Solidaridad para la transformación social 

CATAPA (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales) 

ActionAid Guatemala 

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) 

Articulação Agro é Fogo 

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras 

KULU -Women and Development (KULU), Denmark 

Peace Brigades International 

Diakonia 

CAREA e.V. 

Deutsche Menschenrechts koordinaton Mexiko 

Counter Balance 

Partner Südmexikos e.V 

Zapapres e.V., Hamburg 

Programa ACTuando Juntas Jotay 

Asociacion de Organismos No Gubernamental es ASONOG 

Red de mujeres indigenas y afrodescendient es con discapacidad de ALC (REMIAD) 

Group on Gender and Trade WIDE+ 

Fundación Ayuda en Acción 

Eurodad (European Network on Debt and Development)