Colombia

5de junio de 2014

El Observatorio para la Protecciónde los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización MundialContra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con profundapreocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el atentado contra elSr. José Ernesto Reyes,Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales deCali (SINTRAEMCALI), así como sobre el atentado contra la sede de SINTRAEMCALI,en la ciudad de Cali.

Según lasinformaciones recibidas, el 21 de mayo de 2014, sobre las 2 am, en el barrio deNueva Floresta de la ciudad de Cali, lanzaron una bomba incendiaria ydestruyeron el vehículo automotor marca Toyota Corola, modelo 2011, depropiedad del Sr. José Ernesto Reyes, el cual estaba estacionado al frente desu domicilio.

Según lasmismas informaciones, los familiares del Sr. José Ernesto Reyes, al darsecuenta que el vehículo estaba en llamas, salieron corriendo para poderextinguir el fuego lanzando agua al mismo. Durante dicho atentado, el Sr. JoséErnesto Reyes sufrió quemaduras en sus piernas. Aproximadamente 20 minutos mástarde, el cuerpo de bomberos llegó al lugar y consiguió apagar las llamas.

Esteatentado se ha producido después de que el 16 de abril de 2014 se produjeraotro en contra de la sede del SINTRAEMCALI. Según las informaciones recibidas,sobre las 2:25 de la madrugada de ese mismo día, el vigilante de la sede viocomo cuatro individuos estaban lanzando bombas incendiarias al edificio deSINTRAEMCALI, ubicado en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali.

Laspuertas de la sede sufrieron una avería como fruto del calor, la fachada quedóahumada y la tubería del agua se reventó, lo que contribuyó a controlar elincendio. Después del ataque, dos de los autores huyeron en motocicleta y losotros dos abandonaron el lugar en un taxi.

Enrepetidas ocasiones se habían pedido medidas de protección a la Unidad Nacionalde Protección a favor de todos los integrantes de la Junta Directiva deSINTRAEMCALI, pero hasta dichos últimos atentados, éstas solo habían sidoconcedidas al Sr. Jorge Iván Vélez, Presidente de SINTRAEMCALI. De nuevo, sesolicitaron medidas de protección tras el atentado del 16 de abril, pero éstassolo fueron aceptadas e implementadas para los Sres. Alberto Quintero,Secretario jurídico, Ángel Tobar, Secretario de comunicaciones, y Carlos ArbeiRodríguez, Secretario General del sindicato. Cómo ya ha ocurrido en ocasionesanteriores, la Unidad Nacional de Protección no proporcionó ningún tipo deexplicación sobre porqué dichas medidas sólo se concedieron respecto algunos delos miembros de la Junta Directiva y no para todos. Asimismo, no fue hastadespués del atentado del 21 de mayo del 2014, que la Unidad Nacional deProtección decidió también implementar dichas medidas a favor del Sr. JoséErnesto Reyes.

Asimismo,en relación a ambos atentados se han presentado denuncias a la Fiscalía. Hastala fecha no se conoce si la Fiscalía ha iniciado investigaciones.

Asimismo,se solicita a las autoridades competentes que se garantice la seguridad al Sr.José Ernesto Reyes y la de todos los miembros de SINTRAEMCALI, así como la desus familiares.

El Observatorio condena rotundamente estos actos de amenaza y atentados, y considera que están motivadospor el trabajo dedefensa de los derechos delos trabajadores que están realizando los miembros del SINTRAEMCALI. Asimismo, el Observatorio urge a lasautoridades competentes a adoptar de manerainmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y laintegridad física y psicológica del Sr.José Ernesto Reyes ydemás miembros de SINTRAEMCALI, así como a realizar con celeridad una investigaciónindependiente e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, conel fin de identificar, juzgar y condenar, en su caso, a los responsables.

Antecedentes:

Dichosatentados, suceden en un contexto de incesantes prácticas y políticasantisindicales, en forma de ataques verbales, amenazas de muerte, atentadoscontra la vida y la integridad personal, entre otros, por parte del Estado.Esta práctica viene ocurriendo de forma sistemática desde 1999.

Larepresión que los integrantes de SINTRAEMCALI han venido sufriendo ha llegado aimplicar asesinatos, así como el caso del Sr. Omar de Jesús Noguera, reconocido por sus denuncias contra lacorrupción y por su participación en las actividades del sindicato, asesinadoen el año 1999, y del Sr. Carlos ArturoCastro Casas, afiliado al Sindicato asesinado en el año 2011, entre otros.Asimismo, las incesantes amenazas y políticas anti sindicalistas han forzado amuchos defensores de los derechos de los trabajadores a exiliarse fuera delpaís, como es el caso del Sr. OscarFigueroa.

Enseptiembre del 2004, se puso al descubierto la existencia de la llamada‘Operación Dragón’. Dicho plan tenia como objetivo atentar contra los derechosa la vida, la integridad y la libertad personal de dirigentes sindicales,defensores de derechos humanos y lideres políticos de la oposición. Desdeoctubre de 2004 se sigue una investigación por estos hechos en la Unidad deDerechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente el procesojudicial sigue abierto.

Entreel 19 y el 27 de julio de 2007, el entonces Presidente de la República, el Sr.Álvaro Uribe Vélez, el Vicepresidente de la Republica, el Sr. Francisco SantosCalderón, y el entonces Asesor Presidencial, el Sr. José Obdulio Gaviria,realizaron una campaña pública, mediante ruedas de prensa y publicaciones enlos medios de comunicación, que pretendía presentar a los integrantes deSINTRAEMCALI, SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS como testaferros del terrorismo yaliados de la subversión. Posteriormente, el 7 de agosto de 2007, lasmencionadas organizaciones sindicales recibieron correos electrónicos suscritospor el grupo paramilitar “Águilas Negras”, en los que declaraban las JuntasDirectivas de dichas organizaciones como objetivos militares y se les daba asus miembros un plazo de 30 días para abandonar el país.

A pesar del hecho deque el 17 de septiembre de 2010, sepresentaron cargos por injurias y calumnias contra los Sres. Francisco SantosCalderón y José Obdulio Gaviria ante las autoridades pertinentes,posteriormente, el Juez 26 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de laciudad de Bogotá, absolvió al Sr. Francisco Santos Calderón, con fundamento enla retractación que éste había realizado. El 11 de abril de 2014, la Juez 29del Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Bogotá,también decidió absolver al Sr. José Obdulio Gaviria después de que éstepidiera disculpas públicamente. Sin embargo, en diligencia de audienciapública, el Juez reconoció que los actos ocurridos el 19 y el 27 de julio de 2007eran constitutivos de actos de Estado, y ordenó al actual Presidente yVicepresidente de la Republica a realizar actos de reparación en todos aquelloslugares en los que se produjeron las acusaciones difamatorias, y a adoptarmedidas para que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Acción solicitada:

Por favor, diríjase a lasautoridades de Colombia instándolas a:

i. Adoptar de manerainmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y laintegridad física y psicológica del Sr.José Ernesto Reyes ydemás miembros de SINTRAEMCALI, así como de todos lossindicalistas y defensores de derechos humanos en Colombia;

ii. Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva eimparcial en torno a los hechos arriba denunciados con el fin de identificar alos responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo eimparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas porla ley;

iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas encontra del Sr. José Ernesto Reyes y demás miembros de SINTRAEMCALI, así como todos los sindicalistas y defensores de derechos humanos enColombia;

iv. Afirmar públicamente la legitimidad de las actividadesde las organizaciones y defensores de derechos humanos de Colombia;

v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre losDefensores de los Derechos Humanos de la ONU, en particular en lo referente ala protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promovery procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertadesfundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1), así como en lorelativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona,individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia,discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acciónarbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en lapresente Declaración” (Art.12.2);

vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos ylas libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normasinternacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Direcciones:

· S.E. Juan ManuelSantos, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, SantaFe de Bogotá. Fax: + 57 1 596 0631 / 566 2071.

· Sr. AurelioIragorri Valencia, Ministro del Interior, La GiraldaCarrera 8 No. 7 – 83, Bogotá D.C., Colombia. Fax: +57 1 242 74 00. E-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co; mesadeentrada@mininterior.gov.co

· Dr. JorgeArmando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo, Calle 55# 10-32, Bogotá. Fax: + 571 640 0491. E-mail: agenda@agenda.gov.co

· Sr. AlfonsoGómez Méndez, Ministro de Justica, Carrera 9 No. 12C,Bogotá D.C., Colombia. Fax: +57 1 444 3100. E-mail: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co

· Sra. AlmaViviana Pérez,
Directora, Programa Presidencial para la Protección y Vigilanciade los Derechos Humanos y el DIH,
Calle 7 No. 6 – 54, Bogotá, Colombia. Email: ppdh@presidencia.gov.co

· Dra. María PaulinaRiveros Dueñas, Directora Programa de Derechos Humanos del Ministerio delInterior. E-mail: maria.riveros@mininterior.gov.co

· Dr. Alejandro OrdoñezMaldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57 1342 97 23; + 57 1 284 79 49; +57 1 342 9723. E-mail: cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co

· Sr. EduardoMontealegre Lynett, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, BogotáD.C., Colombia. Fax: +57 1 570 2000; +57 1 414 9000 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; luis.montealegre@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

· Sr. Andrés Villamizar Pachón,Director de la Unidad Nacional de Protección, Avenida Calle 26 No.59-41/65 Bogotá D.C. Colombia. E-mail: atencionalusuario@unp.gov.co;andres.villamizar@unp.gov.co

· S.E. Sr. JuanJosé Quintana Aranguren, Embajador, Misión Permanentede Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19,1209 Ginebra, Suiza. Fax: + 41 22 791 0787. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int

· S.E. Sr. RodrigoRivera Salazar, Misión Diplomática de Colombia enBruselas, Avenue Franklin Roosevelt 96a, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: + 32 2646 5491. E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas deColombia en sus respectivos países.

***

Ginebra-París, 5 de junio de 2014

Por favor, infórmenos sobre cualquier acción emprendida, citando elcódigo de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de laOMCT y de la FIDH, está destinado a la protección de los defensores de derechoshumanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tanconcreta como sea posible.

Para contactar con el Observatorio,comuníquese con la Línea de Urgencia:

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Tel. y fax OMCT: + 4122 809.49.39 / + 41 22 809.49.29

· Tel. y fax FIDH: +33 1 43 55.25.18/ 43.55.18.80