Bolivia
13.01.05
Intervenciones urgentes
Bolivia: Allanamiento, agresión y amenazas contra CEJIS Riberalta
ACCION URGENTE - EL OBSERVATORIO
Nuevas informaciones
BOL 001 / 0303 / OBS 014.1
Ataque armado / Agresión / Amenazas
BOLIVIA
13 de enero de 2005
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, ha recibido nuevas informaciones respeto a la situación siguiente en Bolivia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha sido informado por el Equipo Nizkor sobre el asalto y saqueo llevado a cabo contra el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), en Riberalta, Departamento del Beni, y de las nuevas amenazas en contra del responsable de la oficina, el Sr. Cliver Rocha, y de otras organizaciones sociales en la región.
De acuerdo con las informaciones, el 5 de enero de 2005, hacia las 10h30 de la mañana, un grupo de más de 30 personas armadas, conocidas como barraqueros (pequeños propietarios de tierra) dirigidas al parecer, según las denuncias, por los Sres. Arturo Vidal Tobías, Rosario Oyola y Eva Bersatti, todos dirigentes de la Asociación de Productores Agrícolas y Forestales (ASAGRI), ingresaron violentamente a las oficinas del CEJIS en Riberalta y, bajo amenazas de muerte, saquearon la misma, extrayendo materiales de escritorio, libros, teléfonos, fax, así como la radio de comunicación, las computadoras, etc. Procedieron después a quemarlos en la vía pública, en medio de gritos de protesta por lo que consideran como « intromisión [del CEJIS] y asesoramiento equivocado a los pueblos indígenas (...) lo que ha desembocado en la pérdida de tierras desde hace años… » señalando además que "(…) tomarán las armas en los próximos días para recuperar las tierras que están en poder de los indígenas y campesinos".
Según las informaciones, la oficina fue además totalmente incomunicada, puesto que los atacantes arrancaron los cables de teléfono y despojaron a los funcionarios de sus teléfonos celulares para impedir que se pudiera realizar cualquier denuncia o comunicación con el fin de solicitar auxilio.
De acuerdo con las informaciones, antes de salir de la sede dieron "48 horas para que el CEJIS se vaya de Riberalta" y profirieron amenazas contra el responsable de la oficina de CEJIS en esa ciudad, Sr. Cliver Rocha. El no se encontraba en dicha ciudad ya que anteriormente fue agredido y amenazado de muerte en reiteradas oportunidades por barraqueros. Los atacantes dijeron que luego se dirigirían a las demás Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la región, con el fin de “echarlas de nuestro pueblo”, nombrando concretamente al Instituto para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE), y al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA-BOLIVIA).
Después de esos hechos, el Subprefecto de la Provincia Vaca Díez, Lucio Méndez Camargo, en lugar de ofrecer garantías a los pueblos indígenas y comunidades campesinas así como a las ONG amenazadas, envió una nota al CEJIS donde sugiere el cierre de las oficinas hasta el 13 de enero de 2005, fecha en la cual se espera la llegada de una comisión gubernamental de nivel nacional que supuestamente dará respuesta a los problemas de tierras entre la comunidad indígena Miraflores y la familia Yarari – Tirina, involucradas en este conflicto.
Además, según las informaciones, el 7 de enero de 2004 ha sido hecho público un escrito firmado por el Presidente de ASAGRI, Sr. Arturo Vidal Tobías, amenazando a las organizaciones sociales que han brindado su apoyo a los indígenas en el proceso de saneamiento de los predios rurales en la Provincia Vaca Diéz, urgiéndoles a “abandonar esta región [...] hasta el 30 de enero del año 2005” y afirmando que “en caso contrario [los miembros de ASAGRI se verán] obligados a tomar acciones de hecho para hacer respectar [sus] derechos”. Fueron explícitamente amenazadas la ONG Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), el IPHAE y el CIPCA-CEJIS.
Asimismo, en dicho comunicado el Sr. Vidal Tobías declara que “los hermanos productores forestales de Pando viven sufriendo atropellos, despojo y avasallamiento por seudo-indígenas llevados por CEJIS” y exige a los pobladores indígenas que empezaran a “desocupar las propiedades privadas forestales en un plazo perentorio de 10 días fatales computables a partir de la fecha”. En el caso contrario, los miembros de la asociación de productores iban a “desalojarlos con [sus] propios medios”.
La región del Norte Amazónico de Bolivia mantiene desde hace más de un siglo una estructura económica ligada casi exclusivamente a la explotación de la goma elástica y la castaña y el aprovechamiento de estos recursos generó la concentración de millones de hectáreas en manos de unas cuantas familias de barraqueros. El proceso de saneamiento determinado por el INRA para territorios indígenas y comunidades campesinas está llevando a que los barraqueros con predios ilegales estén perdiendo las áreas donde tradicionalmente los campesinos e indígenas fueron explotados bajo régimen de semi esclavitud.
El Observatorio pide que en la reunión interinstitucional que deberá ser realizada con la participación del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los Directores Departamentales del INRA Beni y Pando y el Prefecto del Beni el 13 de enero de 2005 se tomen medidas concretas para poner fin de forma pacífica a esta situación y que se otorguen garantías y medidas efectivas de protección a los miembros del CEJIS y de las otras organizaciones en el Norte Amazónico de Bolivia que defienden los derechos de los pueblos indígenas.
En efecto, el Observatorio se encuentra preocupado por la integridad física y psicológica de las personas que apoyan y asesoran para resolver los conflictos de tierra por la vía legal y por la impunidad en la que permanecen las violaciones de sus derechos humanos, favoreciendo el hecho que la distribución de las tierras en Bolivia continúe resolviéndose por medio de la violencia.
Antecedentes de la situación:
El Observatorio había denunciado los actos de violencia sufridos el 13 de marzo de 2003 por el abogado Cliver Rocha, quien había sido agredido por el barraquero Alex Ribert Rejas, a las puertas del Juzgado Agrario de Riberalta, cuando se retiraba de una audiencia pública en la que la familia Ribert Rejas disputaba las tierras de la comunidad La Esperanza, del pueblo indígena Tacana (ver Llamado Urgente del Observatorio BOL 001 / 0303 / OBS 014). El abogado Cliver Rocha había sido perseguido a la salida del Juzgado, golpeado en reiteradas oportunidades en la parte posterior de la cabeza y amenazado de muerte.
Acción solicitada:
Dirigirse a las autoridades de Bolivia con el fin de solicitarles:
i. adoptar urgentemente las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Cliver Rocha y de todos de los miembros y colaboradores del CEJIS y de las demás personas y organizaciones implicadas en el proceso de titulación de los territorios indígenas a través de acciones legales;
ii. asegurar que las oficinas del CEJIS puedan abrir de nuevo, lo más pronto posible, y que sus miembros puedan llevar a cabo su trabajo de ayuda a los pueblos indígenas sin obstáculo;
iii. realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al allanamiento y particularmente al robo y destrucción de toda la importante información y material de trabajo de la organización CEJIS, con el fin de llevar los responsables a juicio y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "..individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos" (Art. 1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "...la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);
v. conformar sus acciones, de modo general, a lo dispuesto en los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Bolivia.
Direcciones:
Ginebra - Paris, 13 de enero de 2004
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia :
Tel. y fax
FIDH : + 33.1.4.355.20.11 / 4.355.18.80
OMCT : + 41.22.809.49.39 / 809.49.29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
Nuevas informaciones
BOL 001 / 0303 / OBS 014.1
Ataque armado / Agresión / Amenazas
BOLIVIA
13 de enero de 2005
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, ha recibido nuevas informaciones respeto a la situación siguiente en Bolivia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha sido informado por el Equipo Nizkor sobre el asalto y saqueo llevado a cabo contra el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), en Riberalta, Departamento del Beni, y de las nuevas amenazas en contra del responsable de la oficina, el Sr. Cliver Rocha, y de otras organizaciones sociales en la región.
De acuerdo con las informaciones, el 5 de enero de 2005, hacia las 10h30 de la mañana, un grupo de más de 30 personas armadas, conocidas como barraqueros (pequeños propietarios de tierra) dirigidas al parecer, según las denuncias, por los Sres. Arturo Vidal Tobías, Rosario Oyola y Eva Bersatti, todos dirigentes de la Asociación de Productores Agrícolas y Forestales (ASAGRI), ingresaron violentamente a las oficinas del CEJIS en Riberalta y, bajo amenazas de muerte, saquearon la misma, extrayendo materiales de escritorio, libros, teléfonos, fax, así como la radio de comunicación, las computadoras, etc. Procedieron después a quemarlos en la vía pública, en medio de gritos de protesta por lo que consideran como « intromisión [del CEJIS] y asesoramiento equivocado a los pueblos indígenas (...) lo que ha desembocado en la pérdida de tierras desde hace años… » señalando además que "(…) tomarán las armas en los próximos días para recuperar las tierras que están en poder de los indígenas y campesinos".
Según las informaciones, la oficina fue además totalmente incomunicada, puesto que los atacantes arrancaron los cables de teléfono y despojaron a los funcionarios de sus teléfonos celulares para impedir que se pudiera realizar cualquier denuncia o comunicación con el fin de solicitar auxilio.
De acuerdo con las informaciones, antes de salir de la sede dieron "48 horas para que el CEJIS se vaya de Riberalta" y profirieron amenazas contra el responsable de la oficina de CEJIS en esa ciudad, Sr. Cliver Rocha. El no se encontraba en dicha ciudad ya que anteriormente fue agredido y amenazado de muerte en reiteradas oportunidades por barraqueros. Los atacantes dijeron que luego se dirigirían a las demás Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la región, con el fin de “echarlas de nuestro pueblo”, nombrando concretamente al Instituto para el Hombre, Agricultura y Ecología (IPHAE), y al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA-BOLIVIA).
Después de esos hechos, el Subprefecto de la Provincia Vaca Díez, Lucio Méndez Camargo, en lugar de ofrecer garantías a los pueblos indígenas y comunidades campesinas así como a las ONG amenazadas, envió una nota al CEJIS donde sugiere el cierre de las oficinas hasta el 13 de enero de 2005, fecha en la cual se espera la llegada de una comisión gubernamental de nivel nacional que supuestamente dará respuesta a los problemas de tierras entre la comunidad indígena Miraflores y la familia Yarari – Tirina, involucradas en este conflicto.
Además, según las informaciones, el 7 de enero de 2004 ha sido hecho público un escrito firmado por el Presidente de ASAGRI, Sr. Arturo Vidal Tobías, amenazando a las organizaciones sociales que han brindado su apoyo a los indígenas en el proceso de saneamiento de los predios rurales en la Provincia Vaca Diéz, urgiéndoles a “abandonar esta región [...] hasta el 30 de enero del año 2005” y afirmando que “en caso contrario [los miembros de ASAGRI se verán] obligados a tomar acciones de hecho para hacer respectar [sus] derechos”. Fueron explícitamente amenazadas la ONG Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), el IPHAE y el CIPCA-CEJIS.
Asimismo, en dicho comunicado el Sr. Vidal Tobías declara que “los hermanos productores forestales de Pando viven sufriendo atropellos, despojo y avasallamiento por seudo-indígenas llevados por CEJIS” y exige a los pobladores indígenas que empezaran a “desocupar las propiedades privadas forestales en un plazo perentorio de 10 días fatales computables a partir de la fecha”. En el caso contrario, los miembros de la asociación de productores iban a “desalojarlos con [sus] propios medios”.
La región del Norte Amazónico de Bolivia mantiene desde hace más de un siglo una estructura económica ligada casi exclusivamente a la explotación de la goma elástica y la castaña y el aprovechamiento de estos recursos generó la concentración de millones de hectáreas en manos de unas cuantas familias de barraqueros. El proceso de saneamiento determinado por el INRA para territorios indígenas y comunidades campesinas está llevando a que los barraqueros con predios ilegales estén perdiendo las áreas donde tradicionalmente los campesinos e indígenas fueron explotados bajo régimen de semi esclavitud.
El Observatorio pide que en la reunión interinstitucional que deberá ser realizada con la participación del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los Directores Departamentales del INRA Beni y Pando y el Prefecto del Beni el 13 de enero de 2005 se tomen medidas concretas para poner fin de forma pacífica a esta situación y que se otorguen garantías y medidas efectivas de protección a los miembros del CEJIS y de las otras organizaciones en el Norte Amazónico de Bolivia que defienden los derechos de los pueblos indígenas.
En efecto, el Observatorio se encuentra preocupado por la integridad física y psicológica de las personas que apoyan y asesoran para resolver los conflictos de tierra por la vía legal y por la impunidad en la que permanecen las violaciones de sus derechos humanos, favoreciendo el hecho que la distribución de las tierras en Bolivia continúe resolviéndose por medio de la violencia.
Antecedentes de la situación:
El Observatorio había denunciado los actos de violencia sufridos el 13 de marzo de 2003 por el abogado Cliver Rocha, quien había sido agredido por el barraquero Alex Ribert Rejas, a las puertas del Juzgado Agrario de Riberalta, cuando se retiraba de una audiencia pública en la que la familia Ribert Rejas disputaba las tierras de la comunidad La Esperanza, del pueblo indígena Tacana (ver Llamado Urgente del Observatorio BOL 001 / 0303 / OBS 014). El abogado Cliver Rocha había sido perseguido a la salida del Juzgado, golpeado en reiteradas oportunidades en la parte posterior de la cabeza y amenazado de muerte.
Acción solicitada:
Dirigirse a las autoridades de Bolivia con el fin de solicitarles:
i. adoptar urgentemente las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Cliver Rocha y de todos de los miembros y colaboradores del CEJIS y de las demás personas y organizaciones implicadas en el proceso de titulación de los territorios indígenas a través de acciones legales;
ii. asegurar que las oficinas del CEJIS puedan abrir de nuevo, lo más pronto posible, y que sus miembros puedan llevar a cabo su trabajo de ayuda a los pueblos indígenas sin obstáculo;
iii. realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al allanamiento y particularmente al robo y destrucción de toda la importante información y material de trabajo de la organización CEJIS, con el fin de llevar los responsables a juicio y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "..individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos" (Art. 1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "...la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);
v. conformar sus acciones, de modo general, a lo dispuesto en los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Bolivia.
Direcciones:
- Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas, 139 Rue de Lausanne, 1202 Ginebra, Suiza. FAX: +41.22.908.07.22, Tél.: + 41.22.908.07.17 E-mail: mission.bolivia@ties.itu.int ; mission.bolivia@bluewin.ch
- Licenciado Carlos Mesa Gisbert, Presidente de la República, Palacio del Gobierno, Casa Militar Gral. Brig. Elías Eduardo Pérez, La Paz, Fax: +591.2.220.37.67, E-mail: webmaster@presidencia.gov.bo
- Sr. José Antonio Galindo Neder, Ministro de la Presidencia e Interino de Justicia y Derechos Humanos, Fax: +591.2.220.41.57 o 220.03.83, E-mail correo@presidencia.gov.bo
- Lic. Saúl Lara Torrico, Ministro de Gobierno. Fax: +591.2 241.08.70 o 99.73; E- mail : mail@mingobierno.gov.bo
- Dr. Ricardo Calla Ortega, Ministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Av. Lima esquina Ecuador 2072, La Paz. Fax: +591.2.242.48.48 o 215.23.44, E-mail: maipodespacho@hotmail.com
- Dr. Gustavo Pedraza Mérida, Ministro de Desarrollo Sostenible, Fax: (+591-2) 2312641, E-mail: ministro@mds.gov.bo
- Dr. Alcides Vadillo Pinto, Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Fax: +591.2.240.86.18, E-mail: dirnal@inra.gov.bo
- Dr. Waldo Albarracín Sánchez, Defensoría del Pueblo, Fax: +591.2.(0)801.38.58. E-mail: elpueblo@defensor.gov.bo o delpueblo@defensor-bo.net
- Dr. Fernando Ávila Chávez, Prefecto del Departamento del Beni - Trinidad, Beni. Fax: +591.346.521.57, E-mail : despachopref@coteautri.net.bo
Favor escribir también a las Embajadas de Bolivia en sus respectivos países.
Ginebra - Paris, 13 de enero de 2004
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia :
Tel. y fax
FIDH : + 33.1.4.355.20.11 / 4.355.18.80
OMCT : + 41.22.809.49.39 / 809.49.29
E-mail : observatoire@iprolink.ch